La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani (PL), aprobó con 17 votos a favor el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5205/2022-CR, que precisa los alcances de la patria potestad en el derecho-deber de los padres de educar a sus hijos.

La propuesta modifica el Decreto Legislativo 295, Código Civil, y la Ley 28044, Ley General de Educación.

Durante la sustentación, el titular de la comisión, Flavio Cruz, explicó que la proyectada norma busca garantizar el desarrollo integral de los niños, respetando sus aptitudes y vocación, en concordancia con el principio del interés superior del niño establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Señaló, además, que la iniciativa fortalece el papel de la familia en la formación integral de los menores, al reconocer que la patria potestad incluye deberes de cuidado, orientación y educación.

“La propuesta refuerza el principio de libertad de enseñanza sin menoscabar el rol rector del Estado, que mantiene la obligación de supervisión, regulación y garantía de calidad. Es coherente con el carácter plural de la educación peruana, en la que coexisten la educación pública y privada”, indicó Cruz Mamani.

Los congresistas Waldemar Cerrón (PL) y Alejandro Muñante (RP) expresaron su respaldo a la iniciativa, al considerar que armoniza con la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y diversos tratados internacionales que reconocen la prioridad de los padres en la educación de sus hijos.

SUSTENTAN PROPUESTA

En la misma sesión, se realizó la sustentación del Proyecto de Ley 10883/2024-CR, de autoría del congresista Juan Carlos Lizarzaburu (APP), que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la restauración del establecimiento penitenciario San Juan Bautista – El Frontón.

La propuesta plantea que este centro penitenciario pueda albergar a personas privadas de libertad como consecuencia de investigaciones preliminares o condenas por delitos graves, tales como violación sexual, trata de personas, extorsión y secuestro, entre otros.

Según expuso Lizarzaburu, la reapertura de este penal contribuiría a enfrentar la actual sobrepoblación penitenciaria en el país.

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