La Comisión de Justicia y Derechos Humanos será la encargada de elaborar un informe sobre la procedencia o no de la remoción de los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), Iván Noguera y Julio Gutiérrez, involucrados en posibles casos de corrupción, según unos audios difundidos en un portal de noticias.

Así lo acordó la Junta de Portavoces del Congreso, que se reunió por casi dos horas, este mediodía en el Palacio Legislativo. El anuncio fue hecho por el presidente Luis Galarreta Velarde, quien calificó como “audios vergonzosos y repudiables” las conversaciones que ahora son conocidas por la opinión pública.

Durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de los integrantes de su Mesa Directiva, el titular del Parlamento también precisó que el informe que elaborará el citado grupo de trabajo será posteriormente elevado al Pleno del Congreso, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala el artículo 157° de la Constitución Política.

Explicó que existe solo un antecedente sobre el particular, refiriéndose a lo ocurrido en el 2010 con el exconsejero del CNM, Efraín Anaya, removido por inadecuada conducta funcional. Agregó que este caso demoró aproximadamente 60 días en resolverse.

“Se trata de un caso lamentable que golpea a las instituciones jurisdiccionales de nuestra nación y donde se ve un serio problema de probable corrupción”, insistió Galarreta.

Otros de las acuerdos, dijo, es que las denuncias constitucionales que se presenten contra los magistrados del CNM y el juez supremo César Hinostroza, involucrados en este caso, tomarán el camino que establece el Reglamento del Congreso y sus plazos respectivos.

Agregó que será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que actúe en el marco del debido proceso y garantizando el ejercicio del derecho de defensa.

Galarreta Velarde también señaló que se encargó a la Comisión de Fiscalización y Contraloría investigar, por un tiempo mayor, quiénes son aquellas personas que estarían siendo investigadas bajo el mecanismo de la interceptación telefónica o «chuponeadas», así como la posible filtración de esa información.

“Es inaceptable la filtración de estos audios que lo maneja una entidad de la Policía Nacional, que debe cuidar mucho, y obviamente también nos amerita una preocupación la forma cómo el Ministerio Público ha venido autorizando esta situación (las interceptaciones)”, señaló.

Finalmente, indicó que el Congreso de la República, a través de su Oficina de Seguimiento y Cumplimiento de las normas, monitoreará el uso que se da a las leyes y los recursos que se destinan para la lucha contra la corrupción en el país.

El primer vicepresidente Mario Mantilla aclaró que el Parlamento Nacional solo tiene competencia en los casos referidos a los dos consejeros mencionados y del juez supremo César Hinostroza.

Por su parte, los vicepresidentes Richard Acuña y Mauricio Mulder coincidieron en asegurar que en los procedimientos acordados por los portavoces se harán en cumplimiento al debido proceso y en breve plazo. (AC)

PRENSA CONGRESO 10-07-18

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