Renovación Popular exige segunda votación para tipificar el delito de terrorismo urbano
14 Ago 2025 | 11:03 h

En setiembre se cumplirán dos años desde que el grupo parlamentario de Renovación Popular -a través de las iniciativas de los congresistas Esdras Medina, Noelia Herrera, Diego Bazán y la Municipalidad Metropolitana de Lima- presentó el proyecto de ley para tipificar en el Código Penal el delito de criminalidad sistematizada, conocida como terrorismo urbano.
“El dictamen se encuentran a la espera de una segunda votación en el Pleno del Congreso. En ese sentido, desde Renovación Popular, recordamos al presidente del Parlamento la urgencia de poner este tema en agenda frente a la creciente mala reputación de la capital del Perú, recientemente utilizada por el presidente Donald Trump como ejemplo de una de las ciudades más inseguras del mundo”, señaló la portavoz de la bancada, Norma Yarrow.
La legisladora enfatizó que el Perú enfrenta niveles de violencia que lo colocan por encima de ciudades como Bogotá y Ciudad de México, consecuencia del descuido e improvisación de los últimos gobiernos y de una justicia lenta y vulnerable a la corrupción, pese al esfuerzo de la Policía Nacional y a los escasos recursos con los que cuenta.
¿Qué proponemos? Las cuatro iniciativas legislativas de Renovación Popular buscan endurecer las penas —incluso hasta con cadena perpetua— para los autores y cómplices de delitos como sicariato, extorsión, secuestro y otros crímenes graves que atentan contra la tranquilidad pública, la paz social y la convivencia pacífica, generando terror y zozobra en la población.
Shock Legislativo en Seguridad Ciudadana. Cumpliendo el compromiso de devolverle la paz a los peruanos, la bancada celeste, durante el periodo 2024-2025, también ha logrado la promulgación de leyes clave como la Ley N.º 32372, que faculta la expulsión de delincuentes extranjeros; la Ley N.º 32348, que crea el Sistema Especializado en Flagrancia a nivel nacional; la Ley N.º 32183, que incorpora la modalidad de préstamos extorsivos en el Código Penal; y la Ley N.º 32182, que sanciona a jueces y fiscales que dispongan la liberación de personas detenidas en flagrancia.
“El Congreso tiene ahora la responsabilidad histórica de completar este trabajo legislativo y cerrar el paso a la criminalidad sistematizada”, puntualizó Yarrow.
Lima, 13 de agosto de 2025.
Grupo Parlamentario de Renovación Popular