Funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y dirigentes de ollas comunes de diversos distritos informaron de las diversas actividades y acciones de supervisión que vienen realizando en relación con la distribución de víveres y alimentos a través del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Fue durante la reunión de la Comisión Especial Multipartidaria de Fiscalización, y Control del Programa Hambre Cero, que preside el legislador Roberto Kamiche Morante (APP).

Katherine Cori Gutiérrez y Dina Milla, funcionarias del Midis, informaron que esa entidad dicta los lineamientos de gestión y medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del PCA. Se ejecuta de forma descentralizada a través de 238 gobiernos locales (195 provinciales y 43 distritales en Lima Metropolitana), programa que brinda apoyo alimentario a sus usuarios a través de los centros de atención agrupados en sus diversas modalidades.

“Los comités de gestión alimentaria de los comedores u ollas comunes eligen, previo acuerdo, los productos a recibir que, luego de ser entregados, corresponde fiscalizar. En relación con la entrega del producto denominado ‘sangrecita’ está a cargo de los gobiernos locales en el marco de su autonomía, como el caso del programa Hambre Cero de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde hubo algunas quejas sobre productos entregados”, manifestó Cori Gutiérrez, funcionaria del Midis.

Al respecto, el titular de la comisión especial señaló la necesidad de establecer mejores mecanismos de control tanto de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Midis, con la finalidad de salvaguardar la salud alimentaria de los sectores más vulnerables de Lima, y las regiones del país.

“La falta de transparencia y control y el uso indebido de recursos públicos en la entrega de alimentos en malas condiciones podría poner en grave peligro a miles de peruanos que dependen de estos programas de ayuda. Exigimos mayor vigilancia, transparencia y exigencia de estrictos controles de calidad en futuras compras estatales para ollas comunes. El objetivo es impedir que situaciones como la actual vuelvan a repetirse y asegurar que solo proveedores aptos y productos seguros lleguen a la población beneficiaria”, refirió Kamiche.

En tanto, Abilia Ramos Alcántara, vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, junto a otras dirigentes de San Juan de Lurigancho y de San Juan de Miraflores, reiteraron su denuncia respecto a la “sangrecita” entregada recientemente por la Municipalidad de Lima como parte de una campaña contra la anemia, al asegurar que el producto llegó en pésimo estado.

“Seremos pobres, pero somos dignos. Nosotros no vamos a soportar que nos entreguen alimentos en esas condiciones. Nosotros comemos sangrecita, compramos en el mercado, pero nunca nos la venden en ese estado. Por advertir este hecho el alcalde de Lima nos ha insultado y acusado falsamente de muchos cargos graves”, añadió.

Finalmente, el parlamentario Kamiche Morante manifestó que seguirá trabajando en este caso y reforzará los actos de fiscalización para salvaguardar la salud poblacional de los sectores más pobres del país que reciben ayuda social alimentaria.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL