La Comisión  de Constitución inició el martes 22 el debate del proyecto de ley que modifica los artículos 4 y 18 de la Ley de Organizaciones Políticas y de la Ley Orgánica de Elecciones, con la finalidad de exigir un mínimo de dos años de afiliación para ser candidato a un cargo de elección popular en representación de una organización política.

            Del mismo modo, propone que los partidos y las alianzas que se constituyan con ese propósito, pueden presentar fórmulas y listas de candidatos para los procesos electorales, con una inscripción vigente de dos años antes de la fecha del acto de elección de presidente, congresistas y representantes al Parlamento Andino.

            La iniciativa fue presentada por la bancada aprista a iniciativa del congresista Mauricio Mulder, quien en su intervención recordó que un candidato por una organización política debería tener cierto arraigo entre los miembros del partido, confianza, y generar incentivos reales a las organizaciones políticas.

            Sostuvo que su proyecto promoverá que los partidos políticos tengan militantes permanentes y un mínimo de compromiso del representante con sus representados. Dijo que la propuesta la presentó dos años atrás, que ha pasado el tiempo, y si se piensa que entre en vigencia para las elecciones generales de 2025, no tendría sentido.

            Señaló que se quiere evitar los “vientres de alquiler”, que son únicamente espacios que vender, en los cuales un candidato puede inscribirse hasta el mismo día del cierre de listas y que aquellos se conviertan en organizaciones a las que pueden ingresar cualquiera que desee ocupar un cargo previo pago. “No es cerrarle el objetivo a nadie”, remarcó Mulder.

            Una posición contraria a la propuesta la hizo la congresista Marisa Glave. Expresó que sí constituye una barrera de acceso y que el hecho de establecer plazos no soluciona el vientre de alquiler. Lo que importa es cómo fortalecemos los partidos políticos, dijo la representante de Nuevo Perú, y agregó que el hecho de estar dos años en un partido no garantiza nada.

            Comentó que la barrera de acceso a los partidos del uno por ciento para su inscripción ante la ONPE ya era bastante grande, luego se subió a 4% (de los votos válidos en las elecciones generales) , pero que no resolvería el problema; se trata de una solución parcial y no de fondo, afirmó.

            Por su parte, el congresista Richard Acuña (APP) pidió que se acumule su proyecto de ley mediante el cual propone tres años de militancia y “no tiene nada que ver con la inscripción de Verónika Mendoza”. Opinó que esta disposición deberá entrar en funciones para las elecciones generales de 2021.

            La Comisión presentará en su próxima sesión el respectivo dictamen.

            De otro lado, la presidenta de ese grupo legislativo anunció que el viernes 25 de este mes asistirá el presidente del consejo de ministros, César Villanueva, y parte de su gabinete, a las 11:30 am, para sustentar el segundo grupo de iniciativas sobre las cuales el Ejecutivo pedirá facultades especiales para legislar, sobre las cuales se han recibido 16 opiniones de las comisiones ordinarias.

            BICAMERALIDAD

            La Comisión inició su sesión con la presentación de los doctores Fernando Tuesta Soldevilla y César Delgado Guembes, quienes se pronunciaron sobre los proyectos de reforma constitucional para restablecer el Senado de la República.

            Tuesta Soldevilla expresó que estaba a favor de regresar al sistema bicameral en el y argumentó una serie de experiencias en América Latina y otros países sobre la existencia de las dos cámaras.

            Dijo que en la mayoría de los países del mundo la bicameralidad presenta una alta votación, mientras que la unicameralidad se da en países pequeños (de baja población), en aquellos países con régimen dictatorial que han modificado sus Constituciones, en las monarquías constitucionales y democracias populares en los países del Este.

            Afirmó que los Parlamentos miden el tipo poblacional de un país, el número de representantes de acuerdo a como se divide el Estado. Tuesta propuso un Senado de 54 miembros, incluyendo la representación de peruanos en el extranjero, por seis años y renovable a mitad del mandato o cada cuatro años para evitar el desgaste político.

            Recordó que en 1870, el Congreso tenía el mismo tamaño de representantes que el actual, lo que era más representativo. Antes de 1993, el Perú ocupaba el quinto lugar en América Latina en cuanto a una mejor representación política. Hoy se ubica en el puesto 11, el más subrepresentado en el continente.

            El exjefe de la ONPE dijo que la elección en el Senado podría ser directa. De 25 senadores por cada circunscripción; mientras que la elección de los diputados sería de uno por cada cien mil habitantes, un total de 230. Lima sería dividida en cinco circunscripciones y cada una de ellas con no más de tres representantes.

            La participación de Delgado Guembes estuvo relacionada con la funcionalidad de un Senado (“hay una necesidad de que no haya concentración del poder y una garantía de vida democrática”), a que la base demográfica es la que generará el número de representantes que se quiera tener, pero al respecto, afirmó, hay una falla que es insalvable hasta hoy: que el pueblo está irrepresentado, el pueblo no cumple con su decisión de cómo elegir a sus representantes, no hay ninguna vinculación ni confianza en ellos.

            Dijo en otro momento, que los partidos políticos deben tener la capacidad para postular a representantes que aseguren la gestión del Estado. Afirmó que la bicameralidad puede ser útil porque mientras una de ellas es la representación de la base territorial (se pasó de distrito nacional a distrito múltiple), el Senado tendría a su cargo “revisar los nichos estratégicos”, como la ausencia de seguimiento de las leyes, el desconocimiento del impacto social que tienen las leyes que aprueba el Congreso, la utilidad social que han generado, el seguimiento de la ejecución del presupuesto y la revisión de las normas subnacionales.

            Cuestionó también la prisa con que el Congreso aprueba las iniciativas. Se acelera tanto que a veces no se sabe lo que se vota y se tiene menos conciencia de la importancia o no de la iniciativa. Dijo que el Congreso peca de figurativo porque no sabe lo que se está aprobando.

            En la ronda de preguntas, el congresista Javier Velásquez dijo que no creía que el Senado sea más reflexivo que la Cámara de Diputados, sino que su tipo de enfoque es una visión nacional del país. Propuso sincerar las competencias.

            Marisa Glave opinó que había un problema de sobrelegislación, así como una de crisis de representación, pero tampoco se va a solucionar con la aprobación del Senado. Dijo que era importante saber cuántas de las normas aprobadas en los últimos cinco años son efectivas y su impacto en la ciudadanía.

COOPERATIVAS

            El último tema de agenda sobre el que se abrió el debate fue la propuesta de reforma constitucional que presentó la congresista Ùrsula Letona para crear la Superintendencia de Entidades Solidarias, cuya función sería fiscalizar la labor de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Fundaciones y Comités Sociales, instituciones sin fines de lucro y con principios de solidaridad, según su autora.

            La celeridad de presentar el proyecto y un dictamen sin recabar aportes de instituciones vinculadas recibió el fuerte cuestionamiento del congresista Víctor García Belaunde y en menor grado de Marisa Glave. El primero de ellos dijo que había lobismo en el Congreso, que es el mismo que ha impedido que en doce años no se aprobase  el proyecto de Ley de Cooperativas –de la cual él es autor-, que no se quiera tocar pese a que existe un dictamen por unanimidad de la Comisión de Producción, pero desconocía el por qué la mesa directiva no lo ponía en agenda.

            Marisa Glave dijo que se necesita regular las cooperativas de ahorro y crédito (la SBS no tiene injerencia ni facultades de supervisión en ellas) y afirmó que en el Perú hay 671 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales 190 están en el Vraem que mueven dinero ilícito proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de dinero. De aprobarse la reforma constitucional, recién en el 2025 tendría aplicación.

PRENSA CONGRESO