La Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la legisladora Cecilia Chacón (FP) aprobó por unanimidad la modificatoria del Decreto Legislativo Nº 892 que permitirá el reconocimiento de los descansos pre y post natal como ‘días laborados’ para fines de pago de utilidades a las mujeres que trabajan en diversas empresas.

La legisladora Milagros Takayama (FP) autora de la propuesta, explicó que mediante el mencionado decreto, las mujeres participan en la distribución de utilidades en diferentes porcentajes como 10% en pesqueras, telecomunicaciones e industriales; 8% en las empresas mineras, comercio y restaurantes; sin embargo este beneficio es descontado cuando la mujer goza del beneficio pre y post natal porque se toma ello como días no laborados. “La presente iniciativa corregirá ese error”, anunció Takayama.

De la misma forma y por unanimidad, se aprobó la iniciativa de ley de la congresista Karla Schaefer (FP) que declara de necesidad e interés público el funcionamiento de Módulos Multisectoriales de atención a Víctimas de Violencia Familiar, en todas las regiones del país.

Schaefer Cuculiza opinó que se hace necesario implementarlos módulos para las mujeres y niños víctimas de crímenes de violencia en todo el país. La legisladora recordó que con ese fin, el Congreso aprobó el incremento de 20 millones en el presupuesto del Ministerio de la Mujer. ”Esperamos que estos fundos no se distraigan en consultorías”, remarcó.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Comisión expresó su extrañeza porque, una vez más, el Fiscal de la Nación, disculpó su asistencia a este grupo de trabajo y recordó que es necesaria su presencia porque la actuación de los fiscales ‘deja mucho que desear’, como se puede verificar en los últimos casos denunciados.

La comisión necesita saber la labor y estrategia de la Fiscalía frente al incremento de casos violentos contra mujeres y niños, sostuvo.

De la misma forma, la legisladora Karina Beteta criticó la «pésima» actuación de algunos fiscales que no aplican sanciones más severas a los agresores y violadores, que en la mayoría de casos los dejan sueltos, comentó.

El Fiscal debe apersonarse para que diga cómo puede el Congreso ayudar a endurecer las penas, qué normas faltan para que los agresores tengan penas mayores, puntualizó.

La legisladora y exministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, explicó las limitaciones con las que trabajan los Centros de Emergencia Mujer.

“Los profesionales de estas instituciones atienden -como su nombre lo dice – solo las emergencias, no hay presupuesto para hacer un seguimiento a cada hecho de violencia, actualmente el tratamiento psicológico queda en manos del sistema de salud.

En el sistema de Salud contamos con 11 millones de asegurados y sólo con 348 psicólogos; cada profesional de la salud mental tendría que atender a 32 mil pacientes, explicó, al tiempo que afirmó que son necesarias políticas públicas con presupuestos mayores. (EPA)

PRENSA CONGRESO

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