La Superintendencia de Banca y Seguros pondrá mayores exigencias para las operaciones financieras en moneda extranjera, luego que entre en vigencia en junio próximo la resolución 2660-2915 emitida por esta institución, como parte del sistema de prevención anti-lavado de activos que lleva adelante la SBS y la UIF, según lo anunció el miércoles 9 la superintendenta Socorro Heysen en la Comisión de Economía.

            Informó que el proceso de supervisión es preventivo y correctivo. Dijo que el ciclo supervisor se ha reducido de cinco años a uno. Explicó que el sistema de prevención anti-lavado origina la emisión de los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas y que entre los años 2015-17 informaron de 4,873 millones de soles en transacciones, reportados en 13,138 ROS y 158 informes de Inteligencia (de la UIF).

            Heysen aclaró que los informes recibidos no constituyen pruebas de delito, ni denuncia penal, como tampoco el cierre de alguna cuenta de la persona que esté bajo alguna sospecha. Dijo sobre el tema, que las empresas del sistema financiero no conocen necesariamente de las investigaciones que se hace a sus clientes, estas son reservadas.

            En lo que respecta al Plan Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la superintendenta dio a conocer que se han realizado 54 acciones intersectoriales, 32 de ellas a cargo de la SBS en un monto mayor a las 3 UIT (12,450 soles), como lo dispone la norma.

            Lamentó que un sector de la prensa haya puesto como fuente de información a la UIF en la filtración de información sensible o confidencial sobre 55 casos. En todo caso, señaló, las filtraciones son anteriores al año 2009 porque tanto la SBS como la UIF tienen procedimientos de “altos estándares de seguridad”.

            La Superintendenta se comprometió con los congresistas de la comisión a responder algunas de sus inquietudes por escrito y en otros casos trasladó las preguntas a los organismos competentes.

            Las preguntas provinieron de los congresistas Marisa Glave (cuántas sanciones se han impuesto al sistema financiero por estas acciones de lavado de activos), Modesto Figueroa, Víctor García Belaunde (qué ha hecho la SBS para controlar el dinero de los aportantes a las AFP y los pagos de las fianzas por parte de Cofide a empresas constructoras); Karla Schaefer (qué tipo de información se intercambia con la banca internacional y la repatriación de dinero), Castro Bravo (crítico la actuación pusilánime de la UIF frente a los indicios de corrupción desde el 2014 cuando se conoce el tema de Lava Jato) y Alberto Quintanilla.

            En sus respuestas, Socorro Heysen informó que la efectividad del sistema de control se mide por las acciones correctivas, pero también reconoció que se necesita mejorar mucho el sistema. “El reto es inmenso”, acotó.

            Dio a conocer que en un plazo de 24 horas se remite alguna información de una operación sospechosa que detectan los bancos o el sistema financiero. Dijo que entre el 2013 y 2017 se realizaron 300 informes de la UIF al Ministerio Público por un monto de 7,061 millones de dólares, de los cuales 1,180 provino de casos de corrupción.

CONSEJO FISCAL

            Luego, la Comisión que preside el congresista Güido Lombardi recibió al presidente del Consejo Fiscal del Perú, Waldo Mendoza Bellido, para que informe sobre el estado de las finanzas públicas del país en el año 2017.

            El economista explicó que anualmente se presenta un informe anual al Ejecutivo sobre el estado de las finanzas y que si bien el Consejo depende del Ministerio de Economía presupuestalmente, es un ente autónomo y su labor es estudiar el manejo de las finanzas públicas.

            Dijo que luego de la crisis económica internacional (año 2008) muchos países crearon un Consejo Fiscal y hoy 40 países cuentan con este organismo. En el Perú se creó en el 2013 y funciona desde fines de 2015. El consejo lo integran cinco miembros que solo debaten el tema central y opinan sobre el proceso, pero no son vinculantes. Dijo que sus integrantes provienen de otros sectores y los designa el MEF, en respuesta a la preocupación del congresista García Belaunde, quien cuestionó la presencia de dos ellos en el consejo (Morón y Pasco-Font).

            Waldo Mendoza, en líneas generales, informó que la economía del país es pequeña y por lo tanto depende de los ingresos tributarios y de las exportaciones, hay una correlación muy estrecha, dijo. Si hay crecimiento internacional y mejoran los precios, esto beneficia al Perú, pero también demuestra que somos extremadamente dependientes.

            Dijo que la recaudación del Perú es baja (18%), pero comparada con los demás países de Latinoamérica es buena y que entre el 2003-17 los ingresos corrientes del gobierno central crecieron entre un 20 y 22%, aunque tuvo una baja en el 2015. Somos un país deficitario, remarcó.

            Sobre la deuda pública dijo que esta subió a un 5% del PBI, es baja pero relativa. Comentó que el impuso fiscal es importante porque ayudará al gobierno central y al crecimiento de la economía. Informó que ha habido cinco años de una política fiscal expansiva, pero que dudaba que esta continúe por otros cinco años.

            Señaló que la deuda pública del Perú es de 25% del PBI y que este índice estaba relacionado con la credibilidad que se tiene como país ante los organismos internacionales. Mientras más alto es una deuda más será el riesgo soberano si se decide por la emisión de bonos; que un buen comportamiento público abarata los intereses de la deuda externa y que en los últimos cinco años el déficit fiscal y de la deuda pública peruana se han elevado en alrededor de cinco puntos del PBI. Un menor crecimiento del PBI del país más gastos permanentes pueden elevar la deuda por encima del 30% del PBI y creará una situación insostenible, afirmó.

            ZOFRATACNA

            Por último, la comisión dejó en un cuarto intermedio para un mejor estudio y debate en la siguiente sesión, el proyecto de ley que propuso el congresista Guillermo Martorell que propone modificaciones a la Ley 25100, de Bases de las Zonas Francas, esta vez dirigidas especialmente a ZOFRA-Tacna, para actualizar su marco legal y simplificar algunos procedimientos aduaneros.

            El autor de la iniciativa dijo que la zona especial para Tacna ha sido beneficiosa, se ha reducido el contrabando y ha permitido el desarrollo de pequeñas industrias y empresas de servicios.

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