El debate sobre la aprobación de la propuesta de ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado proseguirá este martes 6 a las 15.00 horas después que los titulares de las Comisiónes de Economía y Justicia dialoguen con los representantes de cada una de las bancadas.

Así lo manifestó el lunes 5 el titular de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi (PPK), quien planteó un cuarto intermedio para continuar el debate también  en forma conjunta con la de Economía, que preside el legislador Guido Lombardi (PPK), durante la sesión que realice su grupo de trabajo.

Fue después de cerca de cuatro horas de amplia discusión sobre las modificaciones a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Varios de los parlamentarios llamaron la atención por la falta de inclusión de sus aportes en el pre-dictamen, entre ellos Héctor Becerril (FP), Lourdes Alcorta (FP), Percy Alcalá (FP), Alejandra Aramayo (FP) Marisa Glave (NP), Marisol Espinoza (APP), entre otros.

Durante la sesión también se hicieron presentes el viceministro de Economía, César Liendo y el representante de los proveedores, Hugo Alache.

Entre las numerosas objeciones al documento, uno de los más cuestionados fue la décima tercera  disposición complementaria final que se refiere a los incentivos a la colaboración eficaz.

Los congresistas Yonhy Lescano y Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, coincidieron en cuestionar que la aprobación  del Acuerdo de Colaboración Eficaz puede eximir a la persona jurídica o ente jurídico  de las consecuencias jurídicas derivadas del delito o reducirlas.

¿En qué ayuda esta propuesta?. Lo que se pide en el fondo  es que las empresas corruptas colaboren con información útil y de ser así no les pasará nada. Aquí se está incentivando el delito porque nos solo se aplicará para el caso Odebrecht  sino para todas las empresas del país. Más aún, estas empresas podrán seguir trabajando con el Estado”, exclamó Lescano Ancieta.

En similar posición se manifestó su colega de bancada García Belaunde, quien llamó la atención de por qué no hay listas de las empresas comprometidas, de los trabajadores despedidos, de los cesados, de las empresas quebradas, de las que están por caer en esta situación y de los 862 proveedores que están impagos.

El legislador dijo también que hay empresas proveedoras, de las que han dado cuenta algunos medios de comunicación, que no estaban en condiciones de trabajar en obras para el Estado con un capital paupérrimo y que estaban entre los acreedores, para lo cual pidió investigación.

Por su lado, el congresista Gino Costa (NA) sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo es un esfuerzo positivo que tiene tres objetivos: determinar que las empresas corruptas paguen al Estado lo que corresponde por relación civil; que no se paralicen los proyectos de inversión; y que las compañías informen y aporten al esclarecimiento del caso.

La congresista Glave Remy planteó la necesidad de establecer una prelación de pagos que comprenda el pago a trabajadores, proveedores y a la Sunat.

La legisladora Espinoza Cruz planteó que el pago a los proveedores no debe ser menor al 30 por ciento de los adeudos, de acuerdo a la información que está registrada en la Sunat.

El viceministro de Economía, explicó los cuestionamientos de los parlamentarios a algunos aspectos de la propuesta, como en el caso de que la colaboración eficaz no imposibilita que se sigan ejecutando los proyectos, porque de lo contrario  no habrá flujos y que si no hay flujos  no podrá haber reparación civil.

Asimismo, se refirió a la colaboración eficaz de la que dijo es similar a la aplicada en Brasil como “delación premiada”, y que ha sido muy eficaz.

Por su lado, en nombre de los proveedores Hugo Alache dijo que sus representados muchos en quiebra y otros próximos a quebrar solo trabajaron para el Estado y no tuvieron que ver con la corrupción y que las obras que se emprendieron eran para ayudar a la población como el caso de las carreteras. (MED)

PRENSA CONGRESO 05-03-18

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