Tanto el Indecopi como la Defensoría del Pueblo expresaron su incapacidad para evitar la concentración de empresas, su fusión y/o  creación de monopolios, como ha ocurrido recientemente en el sector farmacéutico.

            Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro Grández, anunció que en el inicio del próximo periodo legislativo (1 de marzo) se pondrán en debate los proyectos de ley sobre fusión y regulación del mercado empresarial, y sobre otra iniciativa que se viene trabajando sobre los organismos reguladores.

            Ivo Gagliuffi, presidente del directorio de Indecopi, y Walter Gutiérrez Camacho, titular de la Defensoría, se presentaron el miércoles 31 en sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor. No asistieron la titular del MEF, Claudia Cooper; ni el presidente del BCR, Julio Velarde.

            Gagliuffi dijo en su intervención que Indecopi ve con buenos ojos la fusión de empresas y que frente al control de la concentración empresarial se realizan dos acciones: una preventiva, de estructura, que busca evitar el riesgo del control monopólico, no disminuir la competencia; y la segunda, un control reactivo para evitar el abuso de posición y de concertación de precios.

            Afirmó que no existe en el Perú una ley de control de fusiones empresariales, sí existe un control de conductas de las empresas desde 1991.

            Dijo que dependerá del Congreso evitar la posición de dominio, de control previo de fusiones y evitar los monopolios a través de una ley; mientras que Indecopi sí puede controlar y sancionar los abusos de posición de dominio y la discriminación de precios.

            Gagliuffi sostuvo, en resumen, que en el Perú hay un control de estructuras, pero no un control previo de fusiones; se puede implementar una norma técnica y monitorear el mercado para sancionar el abuso de dominio y que apenas se apruebe la ley que lo impida, elaborar el respectivo reglamento.

            Por su parte, el Defensor del Pueblo dijo que no se puede hablar únicamente de un tema de libre competencia, sino es un tema de derechos, el de la población a la salud, porque tener acceso a los medicamentos es un derecho fundamental y establece obligaciones sobre qué se debe hacer.

            Gutiérrez Camacho señaló que la concertación de precios en el sector farmacéutico pone en peligro la salud de la población porque los altos precios de las medicinas perjudicarán a aquellas personas con poca capacidad económica. Dijo que no basta tener información sobre un mercado complejo e imperfecto.

Qué hacer ante ello, preguntó. Dijo que a futuro se debe trabajar en una Ley de Concertaciones, pero hoy en la necesidad de que se cree un agencia estatal de supervisión de precios de las medicinas.

            Saber, primero, el estado de la cuestión. Otra propuesta fue crear una banda de precios, conocer los costos de los medicamentos en el país y en el extranjero y trabajar en ello; y también un fondo que administre el sector privado que permita facilitar el acceso de medicinas a las personas de escasos recursos. En este punto, exhortó al Ejecutivo a que tome esta iniciativa, y se elabore un informe que permita conocer la realidad del mercado de medicinas y proponer su regulación.

            En representación del Ministerio de Economía estuvo presente el director de Libre Competencia de este sector, Miguel Ángel Luque, quien señaló que existen mecanismos alternativos para la competencia y el control de precios. Estuvo de acuerdo en el fortalecimiento de una agencia de supervisión e informó que el MEF está abierto a la discusión de la norma de un tema que es sumamente técnico.

Intervenciones

            El primer congresista que intervino en la sesión fue el oficialista Gilbert Violeta(PPK). Llamó la atención sobre el trabajo del Congreso por no haber discutido ni aprobado iniciativas que vienen desde el gobierno anterior. Incluso hubo un grupo de trabajo especializado que no llegó a ningún acuerdo. Dijo que el tema que se debatía era aleatorio porque distrae del tema fundamental que es la fusión de empresas.

            Rosa Bartra, en una extensa intervención, se refirió a las prácticas de los laboratorios y grandes farmacias que actúan en contra del mercado de la libre competencia y que han devenido en acciones negativas. Para ella, la fusión de empresas no disminuirá los precios de las medicinas y dudó que se mantengan porque ahora tienen el dominio del mercado y arrinconan a toda la cadena de farmacias y laboratorios.

            Dijo que no era exacto afirmar que porque hay 21 mil farmacias, que representa el 20% del mercado, y en el país no existe un  monopolio. Afirmó que al dominar el mercado también habrá un dominio sobre los medicamentos y estos incrementarán sus precios. Los competidores van a ir desapareciendo en el corto plazo y va a haber convenios de exclusividad. Todo ello, agregó, afectará la industria farmacéutica.

            Comparó luego los altos precios en el mercado peruano de algunos medicamentos que en países vecinos se vende a una tercera parte del costo en el Perú. Anunció que está elaborando un proyecto de ley que creará una Autoridad Nacional de Medicamentos.

            También intervino Segundo Tapia (FP), quien dijo que los medicamentos en el Perú es tierra de nadie, que Digemid e Indecopi “no sirven para nada” y propuso que se cree una institución que regule, no controle, el mercado de los medicamentos.

            Luego participaron Rolando Reátegui(FP) y Yonhy Lescano(AP) (dijo que el 65% del mercado de las medicinas se vende en  las farmacias grandes y demandó que Indecopi, siguiendo lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, plantee una demanda judicial en contra de las grandes cadenas de farmacia. Dijo que es urgente la aprobación del proyecto de ley sobre fusión empresarial.

            En el mismo sentido se pronunciaron los congresistas Gloria Montenegro (dijo que el sector salud se encuentra fragmentado y que todas las farmacias deben tener medicamentos genéricos a disposición); Hernando Cevallos(FA) (pidió el libre acceso que como derecho tiene la población a los medicamentos. No hay prioridades, dijo, y criticó que el Estado intervenga después que se produce una fusión de empresas); y Marco Arana(FA), autor de uno de los proyectos de ley sobre control de fusiones de empresas. Afirmó que la política actual de gobierno ha hecho que el Estado abdique en contra de los intereses del pueblo y favorezca al conglomerado empresarial. Pidió autonomía para el Indecopi y que no dependa de la Presidencia del Consejo de Ministros.

            Otros congresistas que intervinieron fueron Luciana León(PAP), María Melgarejo(FP) y Javier Velásquez Quesquén(PAP). La primera de ellas pidió que se establezca criterios para los precios de las medicinas, mientras que Melgarejo Páucar propuso prioridad para dictaminar los proyectos de ley sobre fusiones y que se considere que por mandato de la Constitución, es derecho fundamental de la población el acceso a la salud. Velásquez Quesquén pidió prioridad para la salud de la población y plantear precios máximos para los medicamentos.

PRENSA CONGRESO 

31-0-18