Durante la sesión de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso, que indaga los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa constructora Norberto Odebrecht, se recogieron importantes declaraciones del exjefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones del Ministerio Público, Raúl Peña-Cabrera Freyre.

La sesión, presidida por el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), contó con la participación de los parlamentarios Gladys Echaíz Ramos (HD) y Roberto Sánchez Palomino (JPVP), quienes formularon preguntas dirigidas a esclarecer la legalidad y el procedimiento de las diligencias realizadas en el marco de la cooperación judicial con Brasil.

La congresista Gladys Echaíz centró su intervención en los mecanismos utilizados para autorizar la participación de fiscales peruanos en las declaraciones obtenidas en territorio brasileño.

Consultó si dichas diligencias fueron tramitadas por la Unidad de Cooperación Judicial, si los viajes contaban con la debida autorización institucional y si, al culminar sus labores, los fiscales presentaron informes detallados sobre sus actividades.

En respuesta, Peña-Cabrera confirmó que las solicitudes de asistencia judicial internacional fueron tramitadas por su despacho y que las diligencias en Brasil contaron con la autorización expresa de la Fiscalía de la Nación.

Precisó, además, que los fiscales peruanos no ejercían jurisdicción en el extranjero, y que su intervención se realizaba bajo la conducción formal del Ministerio Público brasileño.

A su turno, el congresista Roberto Sánchez abordó el contexto legal de colaboración eficaz y consultó sobre antecedentes similares en el país. Peña-Cabrera sostuvo que, si bien existieron experiencias previas en materia de cooperación judicial internacional, el caso Odebrecht no tuvo precedentes por su magnitud y complejidad.

“La colaboración eficaz comenzó a institucionalizarse en el Perú desde 2007, pero recién a partir de 2012 se aplicó sistemáticamente en casos complejos de corrupción y crimen organizado”, indicó Peña-Cabrera.

La sesión continuó con la presentación de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, quien informó sobre su rol en la implementación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y las decisiones adoptadas durante su gestión.

Diversos parlamentarios expresaron cuestionamientos sobre la designación del procurador Jorge Ramírez y la participación de Silvana Carrión en el equipo especial del caso Lava Jato, así como la dación del Decreto de Urgencia 003-2017, que permitió la venta de activos de la empresa investigada, como el proyecto Olmos.

Los congresistas manifestaron preocupación por la presunta falta de experiencia previa de Ramírez en materia de defensa jurídica del Estado, así como por los posibles conflictos de interés de Carrión, quien habría trabajado previamente en un estudio jurídico que asesoró a Odebrecht. También se cuestionó si el mencionado decreto benefició indebidamente a la empresa brasileña.

En su defensa, Pérez Tello afirmó que ambos funcionarios contaban con el perfil técnico requerido y experiencia en el sistema de justicia. Señaló que no se arrepiente de sus designaciones y defendió el marco legal adoptado durante su gestión.

“Eran parte del sistema, conocían el aparato estatal y el proceso penal. Yo volvería a contratarlos”, afirmó.

También acudió a la sesión la expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe Trujillo, quien expuso sobre la autonomía funcional de la Procuraduría y denunció interferencias políticas que habrían debilitado su labor.

El congresista Alejandro Muñante consultó sobre las consecuencias institucionales tras la denuncia interpuesta contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En respuesta, Príncipe aseguró que ese hecho marcó una ruptura en la autonomía de la Procuraduría.

“Al inicio, con la Ley 1326, se promovió la institucionalización de la Procuraduría General del Estado. Pero tras la denuncia a Kuczynski, comenzó una presión constante que culminó con mi salida, sin causa formal”, denunció.

Asimismo, relató que su destitución fue anticipada públicamente por la entonces ministra Pérez Tello, antes de que ella presentara su renuncia.

“Me renunció por televisión”, declaró, aludiendo que esta acción comprometió seriamente la independencia de la defensa jurídica del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL