La Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por la congresista Marleny Portero (AP), realizó su décima segunda sesión ordinaria en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se aprobaron importantes iniciativas legislativas orientadas al desarrollo de la infraestructura nacional.

Con 13 votos a favor, se aprobó -por unanimidad- el dictamen de allanamiento recaído en la autógrafa de ley observada de los proyectos de ley 6914/2023-CR, 6926/2023-CR, 6929/2023-CR, 6933/2023-CR, entre otros, que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos y obras de infraestructura en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

Durante la sesión también se aprobó, por unanimidad (15 votos a favor), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3852/2021-CR, presentado por el congresista Luis Ángel Aragón Carreño (AP), que propone una Ley de Reactivación del Transporte Aeronáutico.  Al respecto, la comisión acordó inhibirse del tratamiento de dicho proyecto, por no ser de su competencia directa.

Asimismo, se debatió el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción, mejora, modernización, ampliación o repotenciación de aeropuertos en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo económico de los departamentos y fortalecer la conectividad, el turismo y la descentralización del transporte aéreo. La propuesta legislativa comprende los proyectos de ley 7907/2023-CR, 8240/2023-CR, 8392/2023-CR, 8531/2024-CR y 9352/2024-CR. No obstante, el debate fue postergado y pasará para una evaluación más detallada en una próxima sesión.

En otro momento, se presentaron informes relacionados con la aplicación de una nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

Sobre el tema, el representante de Lima Airport Partners expuso los fundamentos técnicos vinculados a la sexta adenda del contrato de concesión suscrita en 2013. Por su parte, desde Ositran sustentaron la legalidad del cobro aprobado mediante sus resoluciones, mientras que la Contraloría General de la República informó que evaluará si corresponde iniciar una acción de control. Esta medida ha generado preocupación por su impacto en los costos de los pasajes y la competitividad del aeropuerto como hub regional.

Al respecto, el congresista Wilson Soto Palacios (AP) expresó su preocupación en defensa de los usuarios ante el posible encarecimiento de los pasajes aéreos como consecuencia de la nueva TUUA.

“No es razonable que un consejo directivo incompleto haya tomado decisiones que perjudican a millones de peruanos y usuarios. Este tipo de medidas afectan directamente la economía de la población”, sostuvo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL