El Pleno del Congreso aprobó en su sesión vespertina del miércoles 13, prorrogar la vigencia de la Ley 29285 que permitirá que el departamento de Loreto cuente con una compensación intransferible  de 30 millones de soles anuales hasta el 2031. Este monto será depositado en un fideicomiso con  el propósito de culminar los estudios definitivos y obras preliminares de la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza y su interconexión con la costa norte.

            La norma aprobada, luego de una reunión de consenso que mantuvo anoche la comisión y asesores con funcionarios del MEF -en la que se logró el acuerdo-  prorroga por un año el plazo de vigencia que establece esa ley. La propuesta había quedado en un cuarto intermedio.

            La ley 29285 establece la emisión de documentos cancelatorios-Tesoro Público para el pago del IGV que grave los servicios de transporte aéreo desde o hacia la ciudad de Iquitos.

            La compensación económica se establecerá desde el 1 de enero del año 2020. Consistirá en la sustentación del beneficio regulado por la ley a través de una transferencia de recursos a favor del gobierno regional de Loreto.

            La breve sustentación estuvo a cargo del vicepresidente de la comisión de Economía, Percy Alcalá. Pidió la palabra (mientras se registraba la asistencia) el congresista Juan Carlos Del Águila para informar de los alcances de la norma. Puesto al voto, se aprobó con 77 votos y ocho abstenciones, siendo exonerada luego de la segunda votación.

ACLARACIÓN

La sesión del Pleno se inició a las 5:02 de la tarde. El primer tema de agenda fue dar cuenta de un oficio remitido por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Javier Velásquez Quesquén, en vía de aclaración, de un error material contenido en el texto sustitutorio del proyecto de ley 1220, aprobado en la sesión del 4 de octubre pasado, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

El texto leído no altera el contenido de la materia aprobada, según se explicó en la nota. Se aprobó con 82 votos.

COMISIÓN INVESTIGADORA

A continuación, el presidente de la Comisión investigadora que determina la responsabilidad por los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, dio a conocer las principales conclusiones del trabajo realizado en 14 sesiones ordinarias, cinco extraordinarias y cuatro descentralizadas.

El congresista César Villanueva Arévalo informó al Pleno que la pérdida económica por los daños ambientales en el ramal 1 del Oleoducto, entre los años 2008-16, es de 271 millones de soles más 434 millones que desembolsó Petroperú para la limpieza y remediación del oleoducto afectado. Se estima que se derramó un equivalente a 25 mil barriles.

Desde el 2016, la empresa petrolera peruana ha dejado de percibir 274 millones y estimó un total de pérdidas de 979 y medio millones de soles. Además, no se había tomado en cuenta el costo ambiental que ha afectado grandes hectáreas de fauna y flora en las localidades dañadas, además de los sistemas productivos y comunidades indígenas.

Villanueva dio cuenta de las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. El presidente de la sesión, Luis Galarreta, informó que el debate se iniciará en la próxima sesión, luego que se distribuya entre los congresistas el informe final.

Las investigaciones realizadas determinaron que hubo responsabilidad de altos funcionarios de Petroperú (presidentes y gerentes entre el 2006-16) por el incumplimiento de los compromisos ambientales. No hubo estudios de los riesgos sólidos ni planes de contingencia. Hubo omisión en el establecimiento de medidas de seguridad de derecho de vía.

Los funcionarios, entre el 2007 y 2012, contrataron pólizas de seguro demasiado onerosas y no cubrían los daños por derrames. Hubo también responsabilidad en la contratación de servicios con empresas privadas y no se concertaron operaciones de acuerdo a ley, por lo que la comisión había encontrado presuntos actos de aprovechamiento ilegal y delitos de colusión en funcionarios de la empresa estatal.

La comisión exonera de responsabilidades a las comunidades indígenas, pero señala que hubo negligencia en la previsión de pérdidas para Petroperú, en los ministerios Del Ambiente y de Economía (no corrigió las normas para las actividades regulatorias), en OEFA y Osinergmin.

Recomienda a la Contraloría General de la República a que investigue y sancione la inconducta de los funcionarios de Petroperú y al Ministerio Público que inicie las investigaciones sobre los hechos señalados y a aquellos que resulten penalmente responsables de estos delitos, incluyendo los ambientales.

PRENSA CONGRESO