La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora María Acuña Peralta (APP), aprobó cinco informes de calificación que declaran admitir a trámite diversas denuncias constitucionales presentadas en contra de altas autoridades judiciales y un excongresista de la república.

DC CONTRA PABLO SÁNCHEZ

Por unanimidad, la subcomisión aprobó el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 478, interpuesta por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas en contra del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, por la presunta infracción a los artículos 39, 139 y 159 de la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia; tipificados en los artículos 376, 400 y 409-A del Código Penal.

El informe admite a trámite la denuncia y declara procedente dicho caso, excepto por la presunta infracción del artículo 139 de la Constitución, que fue declarada improcedente.
En este caso, la denunciante imputa al fiscal supremo Pablo Sánchez haber intervenido irregularmente en una diligencia de exhibición de documentos realizada el 9 de julio de 2018 en la sede de IDL Reporteros, relacionada con la investigación por los denominados «CNM Audios».

DC CONTRA JUAN VILLENA Y DELIA ESPINOZA

Luego, con 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 480, interpuesta por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi en contra del exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por la presunta infracción a los artículos 93 y 159 (inciso 5) de la Constitución, así como la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos funcionales, tipificados en los artículos 376, 418 y 377 del Código Penal.

Respecto a Villena Campana se admitió a trámite y declaró procedente la denuncia constitucional en el extremo de la presunta infracción al artículo 159 (inciso 5) de la Constitución. Sin embargo, se declara improcedente respecto a los otros delitos.

Al exfiscal se le imputa haber emitido la Resolución 024-2024-MP-FN, mediante la cual otorgó a la fiscal Delia Espinoza competencias ampliadas para investigar delitos de corrupción, criminalidad organizada y conexa en casos de altos funcionarios aforados. También se le acusa de no ejercer acción penal ni activar mecanismos de control ante la actuación de la fiscal Espinoza, pese a que esta habría vulnerado la inviolabilidad del voto congresal (artículo 93), lo que configuraría una omisión grave de funciones.

Sobre Delia Espinoza, se admitió a trámite y declaró procedente en el extremo referido a presunta infracción al artículo 93 de la Constitución e improcedente en los extremos del artículo 159 (inciso 5) de la Constitución, así como los otros delitos mencionados.

A ella se le imputa haber actuado en exceso de sus funciones al emitir la Disposición Fiscal 24, en la cual solicitó al Congreso la relación de votaciones parlamentarias y dispuso la incorporación como investigados a 14 congresistas por hechos vinculados a su labor legislativa. Esto habría violado el principio de inviolabilidad del voto parlamentario.

DC CONTRA CÉSAR COMBINA

Asimismo, por unanimidad, se aprobó el Informe de Calificación que admite a trámite y declara procedente la Denuncia Constitucional 484, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana en contra del excongresista César Augusto Combina Salvatierra, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.

Al exparlamentario se le imputa haber ofrecido a tres exalcaldes -José Luis Cerrón Nastares (Colca), Cruger Miranda Rosales (Yanacancha) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac)- utilizar su influencia ante el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso para conseguir financiamiento de obras públicas durante la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2021.

DC CONTRA JUAN VILLENA

También, por unanimidad, se aprobó el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 527, interpuesta por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay en contra del exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, por la posible comisión de los delitos de omisión de ejercicio de la acción penal y omisión de actos funcionales, tipificado en los artículos 424 y 377 del Código Penal.

La denuncia fue admitida a trámite y se declaró procedente en el extremo de la presunta infracción constitucional, pero improcedente respecto a los delitos de omisión de ejercicio de la acción penal y omisión de actos funcionales.

La denuncia se fundamenta en que Villena Campana no formalizó ni impulsó la acción penal contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, pese a que el Informe 03-2024-1°FSEDCFL, emitido por una fiscalía especializada en corrupción, advertía un desbalance patrimonial superior a S/ 131,000 entre los años 2018 y 2023, y adquisiciones de bienes como un vehículo de $76,000, así como un departamento en Miraflores.

DC CONTRA EXMIEMBROS DE LA JNJ

Finalmente, por unanimidad, se aprobó el Informe de Calificación que admite a trámite y declara procedente la Denuncia Constitucional 529, interpuesta por el ciudadano Manuel Federico Loyola Florián en contra de los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, Antonio De La Haza, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala y Luz Tello, por la presunta comisión del delito abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

La denuncia se admite a trámite y declara procedente en el extremo de la presunta infracción constitucional, pero improcedente respecto a los delitos de omisión de ejercicio de la acción penal y omisión de actos funcionales.

Al respecto, el denunciante alega haber sido víctima de trato arbitrario por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes iniciaron en su contra un procedimiento de revisión especial de su nombramiento como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, pese a que -según sostiene- otro magistrado en las mismas condiciones no fue sometido a dicha revisión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL