La Comisión investigadora del acuerdo entre el Estado y la constructora Norberto Odebrecht S.A., que preside el parlamentario Alejandro Muñante Barrios (RP) recibió al vicecontralor de Control Territorial y Sectorial, Marco Argandoña Dueñas, quien brindó un informe sobre los proyectos de infraestructura que le ocasionaron un perjuicio económico al país, responsables penales y otros aspectos de este proceso.

En sesión pública, el funcionario de la Contraloría General del Perú manifestó que los siete informes especiales (con perjuicio económico) trabajados por su institución datan del 2014. En ese sentido, detalló que aproximadamente serían más de 300 millones de dólares el costo lesivo al Estado por irregularidades en obras.

Congresista Alejandro Muñante preside la sesión de la Comisión investigadora de actos vinculados a la colaboración eficaz entre empresa Odebrecht y el Estado. (Congreso de la República/JReátegui)

Argandoña Dueñas agregó que trabajan sobre la base de 25 proyectos de inversión. Al respecto, mencionó las cuatro obras comprendidas en el Acuerdo de Colaboración con Odebrecht como la obra Costa Verde Tramo Callao, Línea 1 del Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco, y la Carretera Interoceánica Sur Tramo 2 y 3.

“Cuando hay modificaciones en la ejecución de la obra lo que hace la Contraloría es revisar que tenga el debido sustento técnico y legal. Si no se adecua a la ley, identificamos la responsabilidad del que autorizó, del que aprobó, de la comisión que tuvo a cargo evaluar, incluyendo el supervisor, etc.”, advirtió.

El presidente de la comisión se cuestionó cómo es que Fiscalía arribó solo a cuatro proyectos irregulares, cuando existían informes previos de obras con serios cuestionamientos.

Por su parte, la legisladora Gladys Echaíz consultó en sobre el estado situacional de las obras comprendidas en el acuerdo de colaboración.

CASO LAVAJATO

Seguidamente, se presentó ante la comisión el exfiscal de la nación, Pedro Chávarry, quien brindó detalles del trabajo realizado por el Equipo Especial Lava Jato conformado por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

Al respecto, Chávarry narró que no recibía información por parte de los citados fiscales, a pesar de que era la máxima autoridad del Ministerio Público, bajo el argumento de la reserva de la investigación.

“Si al fiscal de la nación no le daban la información, cómo es que a IDL Reporteros sí le entregaban”, argumentó.

Además, comentó que el monto de la reparación civil del preacuerdo con Odebrecht por 600 millones de dólares llamó su atención, dado que el perjuicio era por miles de millones, aseguró.

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