La Comisión Permanente aprobó el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional 469, que propone acusar al juez supremo Jorge Luis Salas Arenas por presuntamente instigar el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal.

La denuncia, presentada por el exfiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena Campana, fue aprobada por mayoría con 13 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

SUSTENTACIÓN

El congresista Héctor Ventura Ángel (FP), delegado de la denuncia, explicó que esta se basa en hechos que evidenciarían una conducta incompatible con el ejercicio de la función pública. Precisó que el magistrado Salas Arenas habría solicitado al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, la contratación de su exsecretario de confianza, Pavel Vladimir Cárdenas Peña.

Dicha solicitud se habría concretado mediante una llamada telefónica, tras la cual Ríos Montalvo dispuso la contratación del mencionado ciudadano, formalizada el 29 de noviembre de 2017.

Informó que el denunciado, al presentarse ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, renunció al antejuicio político argumentando que el Congreso no es un tribunal penal y que su intervención se limitó a proporcionar una referencia laboral, negando haber ejercido presión.

Entre los elementos probatorios figuran la denuncia firmada por Walter Ríos Montalvo, el contrato laboral de Cárdenas, resoluciones que acreditan la condición de juez supremo de Salas Arenas y la designación de Ríos como presidente de la Corte del Callao (2017–2018), así como resoluciones sobre la condición de Cárdenas como secretario de confianza del juez. También se registraron llamadas telefónicas entre ambos magistrados.

Ventura afirmó que la solicitud realizada por el juez supremo, fuera de un proceso regular de contratación, constituye un uso indebido del cargo para beneficiar a un tercero, lo que encuadra en el delito de negociación incompatible. Esta conducta vulneraría los principios de imparcialidad, transparencia y probidad en la función pública.

DERECHO DE DEFENSA

Durante la sesión, el abogado Elí Vidal ejerció la defensa del magistrado Salas Arenas por un lapso de 20 minutos. Cuestionó que el informe final es parcial y desequilibrado, y que se basa exclusivamente en la versión del condenado Walter Ríos. Afirmó que se omitieron pruebas clave de descargo como la declaración de Pavel Cárdenas, quien negó haber recibido presión alguna.

El abogado precisó que su defendido no ha renunciado al antejuicio, sino que ha solicitado que se respete esta prerrogativa constitucional. Finalmente, exigió que el caso se tramite en la vía judicial con pleno respeto al debido proceso, y no en un contexto político donde, aseguró, ya se ha prejuzgado al magistrado.

Posteriormente, con 21 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión Permanente designó a los congresistas María Acuña Peralta (APP) y Héctor Ventura Ángel (FP) como integrantes de la subcomisión acusadora, encargada de sustentar el informe y formular la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.

ARCHIVO

En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, el informe final que recomienda archivar la Denuncia Constitucional 492 contra la presidenta de la república, Dina Boluarte.

El congresista Alex Flores Ramírez (BS) expresó su firme rechazo a dicha decisión, afirmando que la acusación implicaba hechos graves de presunta corrupción, como la recepción de relojes Rolex y joyas de alto valor, que estarían vinculados al manejo discrecional de recursos públicos.

«Necesitamos que se investigue. No se puede pasar por alto la corrupción. El Congreso debe ejercer control político con firmeza», subrayó el legislador.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL