Con 80 votos a favor y tres abstenciones, el Pleno del Congreso decidió insistir en la autógrafa que propone modificar la Ley N.° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; a fin de que los medios de comunicación contribuyan a la defensa, libertad y dignidad de aquellos.

La propuesta establece una franja educativa de 10 %o de la programación de los medios de comunicación para difundir contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La autógrafa observada por el Poder Ejecutivo se origina en el Proyecto de Ley 4696/2022-CR, de autoría de la congresista Mery Eliana Infantes Castañeda (FP), quien se pronunció en la necesidad de la contribución de los medios de comunicación a fin de generar sensibilización masiva a través de los espacios educativos.

De esta manera, indicó que la propuesta comprende la modificación del artículo 46 de la Ley 30364 con el objetivo de que los medios de comunicación, sean escritos, radiales o televisivos o de otra modalidad contribuyan de manera eficaz y obligatoria en la defensa de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar.

Explicó que el 10 % de la franja educativa debe tener contenidos orientados a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y el núcleo familiar dentro del horario de protección de la familia.

Infantes Castañeda aclaró que la iniciativa no implica una sesión gratuita y contraprestación alguna de parte del Estado, sino por el contrario se contempla una compensación para los medios de comunicación, mediante la posibilidad de acceder a una reducción del pago del canon por el uso del espectro radio eléctrico y electromagnético, según corresponda.

“No existe ningún riesgo que perjudique los ingresos de los radiodifusores, como pretende hacer creer el Ejecutivo mostrando su preocupación en tal sentido”, dijo tras hacer hincapié que el valor de la iniciativa trasciende lo económico.

“Estamos ante un problema estructural que afecta directamente a la vida, dignidad e integridad de miles de mujeres y familias en nuestro país. El Estado tiene la obligación de optar medidas firmes y efectivas contra la erradicación de la violencia”, expresó.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, Inteligencia Financiera, Ilich López Ureña (AP), absolvió las observaciones formuladas por la presidenta de la república y señaló que lo que hizo su grupo de trabajo fue precisar que las instituciones públicas accedan en forma gratuita a la franja educativa del diez por ciento de la programación que ya forma parte de la ley.

“Esa ha sido la norma, lo que se ha hecho es precisar para que ese diez por ciento sea enfocado, específicamente, en condenar el maltrato y la violencia de género”, dijo señalando que el Poder Ejecutivo cuestionó el acceso gratuito, pero ese concepto ya estaba en la norma.

Asimismo, dijo que no tiene razón el Ejecutivo cuando pretende cuestionar que se vulnera la autonomía de los radiodifusores; y cuando considera que se limita la voluntad de los medios de comunicación en la elección de sus contenidos, porque ya estaban previstos en la ley.

La autógrafa, al ser aprobada por insistencia, será promulgada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL