En el marco de la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus posiciones sobre el Proyecto de Ley 10708/2024-CR, que busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas con el objetivo de simplificar las elecciones regionales y municipales de 2026, evitar el uso arbitrario de la declaratoria de ilegalidad por conducta antidemocrática y optimizar el sistema democrático.

El análisis contó con la participación de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cuyas opiniones técnicas fueron destacadas por los legisladores.

El congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) valoró la incorporación de propuestas que permiten ordenar el calendario electoral, como establecer plazos mínimos de 90 días para la inscripción de alianzas y comunicación del tipo de elección interna, así como 45 días para la presentación de candidaturas a primarias. Subrayó que estos plazos aportan previsibilidad y seguridad jurídica al proceso, y exhortó a cerrar la discusión con un texto técnicamente sólido y consensuado.

Por su parte, la legisladora Martha Moyano (FP) sostuvo que no corresponde reabrir el debate sobre el modelo de elecciones internas, pues este ya fue discutido ampliamente. Enfatizó la necesidad de trabajar de manera objetiva y sin sesgos partidarios, recordando que el actual sistema electoral es producto de decisiones políticas acumuladas. Llamó a consolidar un marco normativo que responda al interés general del país.

En la misma línea, su colega de bancada Patricia Juárez Gallegos defendió la capacidad técnica del sistema electoral y destacó avances como la conservación de las cédulas de votación, que permitirán reforzar la transparencia del proceso. Además, planteó la necesidad de revisar el rol de los movimientos regionales, debido a las actuales asimetrías normativas entre estos y los partidos políticos.

El congresista Wilson Soto Palacios (AP) resaltó la utilidad de haber escuchado a los organismos electorales para construir consensos. También propuso reformas a mediano plazo, como elevar el porcentaje de adherentes para la inscripción de partidos, con el fin de fortalecer la representatividad y evitar la proliferación de organizaciones sin base ciudadana.

Desde la bancada de Bloque Magisterial de Concertación Nacional, la congresista Ruth Luque Ibarra advirtió sobre el riesgo de seguir modificando los plazos ya establecidos. Señaló que la estabilidad normativa es esencial para la planificación electoral y que solo deben admitirse ajustes técnicos indispensables. Asimismo, expresó su preocupación por la sub representación de provincias y comunidades indígenas en los consejos regionales, tema que considera necesario abordar en futuras reformas.

Finalmente, el congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) manifestó su rechazo al requisito de dos años de antigüedad para los afiliados que postulen en las elecciones, al considerar que limita la participación de los 94 movimientos regionales actualmente registrados. Propuso flexibilizar dicho requisito para cargos de regidores y consejeros regionales, asegurando así que los movimientos puedan completar sus listas y garantizar una competencia electoral plural.

TITULARES DE ORGANISMOS ELECTORALES

En la sesión de este grupo de trabajo que preside el congresista Fernando Rospigliosi (FP), se presentó el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, quien destacó la magnitud del proceso electoral de 2026, donde se elegirán más de 13 mil cargos regionales y municipales. Advirtió sobre los problemas registrados en procesos anteriores, como la anulación de elecciones en algunos distritos, lo que llevó a convocatorias complementarias reiteradas. Para evitar estas situaciones, anunció la presentación del Proyecto de Ley 10325, que propone modificar las causales de nulidad electoral.

Burneo enfatizó la importancia de respetar el calendario electoral, particularmente la convocatoria antes del 7 de enero, ya que cualquier alteración afectaría etapas críticas como las elecciones internas, la inscripción de candidaturas y la presentación de alianzas.

También estuvo Piero Corveto Salinas, jefe de la Onpe, quien expuso su posición institucional respecto a aspectos que considera fundamental y que actualmente generan preocupación en el marco del predictamen que se viene evaluando.

Sobre el plazo para la inscripción de alianzas y definición de la modalidad, consideró que es altamente riesgoso e inmanejable desde una perspectiva técnica y operativa. Afirmó que se está proponiendo una ventana de tiempo estrecha.

En ese sentido, solicitó que esta alerta técnica sea valorada positivamente por los congresistas. Afirmó que la definición de los plazos debe considerar la magnitud real del proceso electoral 2026, no solo desde el punto de vista normativo o político, sino desde la viabilidad técnica.

“Reducir el plazo a 70 días hace inviable la organización administrativa de la elección interna. Por ello, solicitamos mantener el plazo mínimo de 90 días, como un estándar técnico indispensable que garantice elecciones internas ordenadas, transparentes y viables”, dijo.

Por último, Carmen Velarde Koechlin, jefa del Reniec, presentó dos propuestas para optimizar la planificación de las elecciones primarias regionales y municipales de 2026.

La primera consiste en uniformar la convocatoria electoral, sugiriendo que se realice con un año de anticipación, como ocurre con las elecciones generales. Esta medida, facilitaría la asignación de recursos presupuestarios y ofrecería más tiempo para que los actores políticos organicen sus alianzas y estrategias.

La segunda propuesta busca ampliar el plazo de validación de padrones por parte de RENIEC, de 70 a 90 días, alineándose con el proceso de elecciones generales. Este cambio permitiría una revisión más rigurosa y minuciosa de los padrones, evitando errores debido a la presión de tiempo y asegurando condiciones de igualdad entre los distintos procesos electorales, contribuyendo a una mayor armonización normativa y eficiencia en el trabajo de los organismos electorales.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL