En una muestra de compromiso con los emprendedores del país, la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú aprobó por unanimidad presentar una propuesta legislativa que modifica la Ley 30877,  Ley general del bodeguero, con el objetivo de brindar mayor seguridad y equidad a la micro y pequeña empresa del rubro, fuertemente golpeadas por la extorsión, la informalidad y la competencia desleal.

El proyecto, que será derivado a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa, busca corregir vacíos normativos que hoy afectan directamente a miles de bodegueros en todo el país.

La congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), presidenta del grupo de trabajo señaló que entre las principales medidas propuestas se encuentra que todas las comisarías del país estén obligadas a recibir denuncias por extorsión, evitando así que las víctimas sean derivadas únicamente a la sede central del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), lo que ha demostrado ser una barrera real para muchos afectados.

Agregó, para el Canal del Congreso, que también se plantea que los bodegueros puedan acceder a los sistemas municipales de videovigilancia, los cuales actualmente no los incluyen, a pesar de ser uno de los sectores más expuestos a delitos.

Otro punto clave de la iniciativa es la eliminación de las restricciones municipales que impiden a las bodegas operar las 24 horas del día, situación que genera una competencia desigual frente a cadenas comerciales y otros comercios de mayor tamaño que sí pueden ofrecer este servicio continuo.

“Este proyecto responde a la necesidad urgente de nivelar la cancha para los pequeños emprendedores que sostienen la economía local, y que hoy enfrentan no solo dificultades económicas, sino también una creciente ola de inseguridad. Desde la Comisión Capital Perú, reafirmamos nuestro compromiso con ellos”, señaló la congresista Amuruz Dulanto, quien lideró la propuesta multipartidaria.

En otro momento, durante la sesión de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo y líderes gremiales, la titular de la Comisión reafirmó su firme compromiso con la defensa, promoción y reactivación económica de las micro y pequeñas empresas (Mypes), sector que constituye el verdadero motor de la economía nacional.

Destacó que las Mypes representan el 95 % del tejido empresarial del país y generan más de 10 millones de empleos directos, siendo una fuente crucial de ingresos para millones de familias peruanas.

Según cifras oficiales, existen actualmente más de 3 millones 375 mil empresas clasificadas como Mypes en el Perú.

“El peruano es emprendedor por naturaleza. Ya sea a través de una bodega, una cevichería, una peluquería o un pequeño puesto en el mercado, siempre busca salir adelante. Esa capacidad debe ser reconocida e incentivada por el Estado”, señaló Amuruz Dulanto durante su intervención.

Sin embargo, la situación es crítica. En 2024, se estima que más de 233.000 Mypes cerraron sus puertas, muchas de ellas afectadas por la creciente inseguridad y extorsión, además de las secuelas económicas de la pandemia. Solo en el sector de bodegas, más de 3.000 negocios dejaron de operar.

Ante esta situación, dijo que la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú ha venido impulsando diversas acciones concretas como el seguimiento permanente al programa de compras públicas MyPerú para que las Mypes accedan efectivamente a los mercados estatales.

A su turno, Carlos Alva Rojas (AP), también expresó su preocupación sobre la transparencia en la ejecución del programa ProCompite, que este año recibió una asignación de mil millones de soles.

El parlamentario cuestionó la falta de control y rendición de cuentas sobre estos recursos, señalando denuncias que apuntan a prácticas irregulares como el cobro de diezmos y la asignación de fondos a empresas que no califican como prioritarias.

“Es necesario que el Ministerio de la Producción informe con claridad a quién se entregó el dinero, cómo y por qué. No podemos seguir incrementando los presupuestos sin mecanismos efectivos de fiscalización. Mientras los ministros siguen pidiendo más recursos en la Comisión de Presupuesto, no hay una evaluación real del impacto ni control sobre posibles actos de corrupción en las regiones”, advirtió Alva Rojas.

Durante la sesión, los representantes del Ejecutivo presentaron diversos mecanismos implementados para fomentar la reactivación del sector, como programas de formalización, acceso al crédito, innovación productiva y fortalecimiento de los mercados de abasto.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL