Por mayoría, la Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la congresista Jessica Córdova, aprobó con 7 votos a favor y 3 abstenciones, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9877/2024-CR, que plantea -con texto sustitutorio- modificar el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate de la delincuencia común y el crimen organizado, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dicho uso incluye el acceso y empleo de datos técnicos de ubicación, tales como identificación, localización, geolocalización, trazabilidad de dispositivos de comunicación, direcciones IP, así como aquellos generados por equipos que operen en el territorio nacional bajo la modalidad de roaming internacional, conforme a las garantías constitucionales y el marco legal vigente.

El texto aprobado indica que las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de internet o las entidades públicas y privadas relacionadas con estos servicios que reciban el requerimiento de la unidad especializada de la PNP, están obligadas a brindar los datos de localización, geolocalización o rastreo mediante el sistema de posicionamiento global (GPS), identificación de celda u otros medios que permitan determinar con mayor precisión la ubicación de los dispositivos móviles.

Además, deberán proporcionar información cuando el dispositivo móvil se encuentre apagado o fuera de cobertura, las últimas ubicaciones registradas, indicando la fecha, hora y lugar donde estuvo con cobertura y conectividad. Las empresas operadoras son responsables de actualizar sus plataformas para la entrega de datos en línea, en tiempo real.

Cabe resaltar que, deberán cumplir con esta obligación incluso respecto de dispositivos móviles que operen en el territorio nacional bajo la modalidad de roaming internacional, siempre que se encuentren conectados a las redes de las empresas operadoras locales.

Por último, deberán proporcionar los datos asociados a las direcciones IP asignadas dinámicamente, incluyendo su vinculación con dispositivos móviles, fechas y horas.

La atención del requerimiento será de manera inmediata y oportuna, durante las 24 horas del día, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal, en caso de incumplimiento.

Al respecto, la titular de dicho grupo dictaminador, Jessica Córdova Lobatón, sostuvo que la protección de menores en el entorno digital es fundamental, por ser oportuna, necesaria y congruente con el deber del Estado de adecuar su normativa penal, técnica y procedimental al entorno digital actual, reforzando su capacidad para enfrentar fenómenos delictivos que afectan gravemente a la niñez y adolescencia.

Parto humanizado

Seguidamente, fue aprobado, por unanimidad, el texto sustitutorio del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 8260/2023-CR, que regula el parto humanizado en todo el Sistema Nacional de Salud, para garantizar el derecho de la mujer a recibir una atención respetuosa y con trato digno durante el trabajo de parto, el parto y el posparto.

La futura norma se aplicará a todo el personal médico especialista, profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales en salud, al personal administrativo, así como a las instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Salud.

El parto humanizado es un proceso de atención proporcionado por un equipo multidisciplinario que asegura un trato digno y respetuoso hacia la mujer en el parto y posparto, proceso que considera sus necesidades emocionales, culturales, sociales y de salud física, respetando plenamente sus derechos.

SUSTENTAN PROYECTOS DE LEY

De otro lado, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, sustentó, en calidad de autora de la iniciativa, el Proyecto de Ley 10045/2024-CR, mediante el cual propone la Ley que instituye el 19 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Mujer Emprendedora, peruana que inspira”.

Luego, hizo lo propio, la parlamentaria Rosselli Amuruz, tras fundamentar su Proyecto de Ley 10597/2024-CR, a través del cual se propone modificar el Decreto Legislativo 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, para facilitar la transferencia de inmuebles destinados a servicios públicos esenciales.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL