El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la República, el último miércoles 16 de abril, que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia, no solo permite facilidades para la creación de más unidades de flagrancia en todo el Perú, sino que asegura su funcionamiento a través de un monitoreo, evaluación y fiscalización permanente.

“Las entidades del sector público que conforman el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva establecen de forma articulada mecanismos de monitoreo, evaluación y fiscalización de su implementación y funcionamiento”, se destaca en la propuesta.

En esa línea, se detalla que el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva informa anualmente los resultados del referido sistema ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

Sobre el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, se precisa que, a través de su secretaría técnica, convoca a sesiones interinstitucionales de manera presencial o virtual con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía Nacional, entre otras instituciones que participen de manera complementaria.

Cabe destacar que la viabilidad de esta propuesta surge no solo por las propuestas legislativas presentadas, sino por las diversas mesas de trabajo, dirigidas por el congresista Eduardo Salhuana Cavides, a fin de lograr una propuesta de consenso para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La iniciativa aprobada tiene como principal objetivo establecer un marco normativo para la creación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los delitos flagrantes a través de las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

“Tiene por finalidad fortalecer la eficiencia, coordinación y operatividad de los operadores del sistema de justicia penal, asegurando una respuesta rápida, célere y efectiva en la investigación y resolución de casos de flagrancia. Asimismo, se busca garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna, protegiendo los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos”, se indica.

La propuesta también plantea que haya una administración para las unidades de flagrancia, el cual estará a cargo de un funcionario responsable de su implementación y gestión, en el ámbito territorial correspondiente, así como de su monitoreo y evaluación.

También resalta la creación de un Módulo de Atención al Usuario (MAU) del Poder Judicial, que permite orientar a los usuarios en sus consultas sobre los casos de detención en flagrancia, según el ámbito territorial correspondiente.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL