La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta tarde acusar constitucionalmente ante el pleno del Parlamento al ex legislador Alejandro Yovera por infracción constitucional y por el delito de concusión porque durante el período 2011-2016 habría condicionado la contratación de algunos de sus trabajadores a la tramitación de un crédito financiero que lo favorecía. 

Y, a pedido del congresista Marco Arana (FA), la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, anunció que si mañana miércoles al mediodía se presenta el informe final sobre los pedidos de remoción al contralor Édgar Alarcón, se coordinará la pronta convocatoria de la Comisión Permanente para debatir y votar este pronunciamiento multipartidario. 

La presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Karina Beteta (FP), sustentó el caso del ex congresista Yovera afirmando que existen indicios razonables de haber infringido el artículo 2, inciso 15 y los artículos 23 y 24 de la Constitución Política así como por la comisión del delito de concusión, previsto y penado en el artículo 382 del Código Penal. 

El congresista Gino Costa (PPK) expuso a sus colegas que la denuncia contra Yovera data desde noviembre del 2013 cuando el entonces legislador Héctor Becerril lo tramitó ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales de ese entonces por vulnerar la Carta Política y el Código Penal pero en el anterior Congreso no se resolvió por falta de quórum. 

Costa dijo que cuando Yovera era congresista en el período 2011-2016 presionó a cuatro trabajadores de su entonces despacho: Guillermo Carrasco, Luis Vásquez, Óscar Albornóz y Walter Castillo, para que soliciten préstamos en la cooperativa de ahorro y crédito San Isidro a cambio de continuar laborando en el Congreso y pagando dichos créditos con el recorte de sus haberes. 

Conforme a los procedimientos reglamentarios se le dio el uso de la palabra al ex legislador Yovera para que ejerza su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente y allí dijo que detrás de la denuncia existe una persecución política contra él y descalificó a los cuatro testigos que sustentan la denuncia porque, según afirmó, nunca probaron lo que dijeron. «Pido el archivamiento y no procede el delito de concusión porque el Estado no ha sido perjudicado», alegó el ex congresista en la parte final de su alocución. 

Los legisladores Beteta y Costa negaron que exista una persecución política contra el referido ex legislador e informaron que Yovera tuvo dos oportunidades para que ejerza su defensa pero nunca se presentó. 

Puesta al voto, la Comisión Permanente aprobó la acusación constitucional con 20 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Inmediatamente después se acordó -a mano alzada- que el legislador Gino Costa sea quien sustente la acusación constitucional contra el ex legislador Yovera en una próxima sesión del pleno del Congreso.

Antes, la Comisión Permanente archivó 18 informes de calificación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que fueron declarados improcedentes porque no cumplieron con los requisitos legales para que sean admitidos. Entre las ex autoridades de rango constitucional que estaban comprendidas en estos informes que fuero archivados se encontraban los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala así como varios ministros de Estado de ambos gobiernos y ex vocales supremos y magistrados del Tribunal Constitucional. 

Con 17 votos a favor ninguno en contra y dos abstenciones, la Comisión Permamente aprobó un plazo de quince días a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la denuncia contra el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Segundo Baltazar Parraguéz, por la presunta infracción al artículo 150 de la Constitución Política. (JSR)

PRENSA CONGRESO 

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