Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, celebrada hoy, diversos congresistas expresaron su preocupación y solicitaron claridad sobre las medidas correctivas, el mantenimiento de la seguridad estructural, la estabilidad laboral de los trabajadores y la gestión de las indemnizaciones tras el trágico derrumbe del techo en el centro comercial Real Plaza en Trujillo.

Fue, luego de escuchar la ponencia de Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intercorp, quien explicó las acciones que la empresa ha tomado en cuanto a la seguridad y protocolos de mantenimiento en sus centros comerciales.

En este contexto, el congresista Pasión Dávila Atanasio (BS) indagó sobre la estabilidad laboral de los trabajadores afectados, expresando preocupación por la situación laboral de las personas que laboraban en el centro comercial.

Malpartida respondió que no se han producido despidos y que, en caso de ser necesario, algunos empleados fueron reubicados, garantizando su estabilidad laboral.

La congresista Ariana Orué Medina (PP) cuestionó sobre las fotografías tomadas por el Ministerio Público, donde se observaban pernos oxidados, y preguntó sobre las medidas correctivas que se están tomando para evitar una nueva tragedia.

El directivo de Intercorp señaló que la empresa está llevando a cabo un análisis exhaustivo de la situación y que se realizará un peritaje final.

Además, informó que, como medida preventiva, se han revisado los patios de comida en los centros comerciales de Arequipa, Huánuco y Chiclayo, para garantizar la seguridad estructural.

Edgard Reymundo Mercado (BDP) expresó su sorpresa por las respuestas ofrecidas por Malpartida, señalando que no se estaba priorizando el principio de la verdad, y criticó la afirmación de que se seguían los planes de seguridad de manera regular.

Según Reymundo, este tipo de respuestas no reflejan la realidad y calificó la situación como un intento de engaño.

Asimismo, el congresista Héctor Acuña Peralta (HD) lamentó el escaso aporte del invitado y cuestionó la falta de respuestas claras a las inquietudes planteadas.

El presidente de la comisión, Juan Burgos Oliveros (PP), cuestionó a Malpartida sobre la existencia de protocolos específicos para el mantenimiento de techos y estructuras metálicas.

En su respuesta, Malpartida indicó que la empresa realiza inspecciones anuales, además de las realizadas por las autoridades, y que todos los informes se encuentran disponibles para la Fiscalía. También mencionó que, en caso de ser necesario, se tomarían acciones adicionales tras el análisis final de los peritajes.

La Comisión también recibió a Juan Carlos Morales Carpio, Intendente Nacional de Bomberos y Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, quien expuso sobre la responsabilidad empresarial y acciones correctivas, supervisión y cumplimiento de normativas, impacto social y económico del cierre temporal de establecimientos, entre otros puntos.

De igual manera recibió a Federico Llaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, quien disertó sobre las acciones implementadas para controlar la vulneración de la seguridad de las cárceles vía el ingreso de dispositivos de telecomunicaciones, drogas y demás objetos ilícitos en los penales comunes y de alta seguridad, entre otros temas.

Cabe indicar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría que las sesiones ordinarias se desarrollen también de manera semipresencial.

Finalmente, el congresista José Luna Gálvez (PP), sustentó su Proyecto de Ley 10046/2024-CR, que modifica la Ley N° 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente, para fortalecer y expandir dicho control.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL