La Çomisión Permanente del Congreso aprobó esta noche constituir un grupo multipartidario que informará -en un plazo de 15 días hábiles- acerca de los cuatro pedidos presentados por distintas bancadas políticas con la finalidad de remover al contralor general de la República, Édgar Alarcón,  por “falta grave” en el ejercicio del cargo.

 Por un principio de proporcionalidad integran este grupo de trabajo los congresistas Héctor Becerril (FP), Rolando Reátegui (FP), César Segura (FP) y Octavio Salazar (FP); Marco Arana, del Frente Amplio; Juan Sheput, de la bancada PPK y César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP).

 Ante ellos deberá presentarse el contralor general de la República, Édgar Alarcón, para que formule los descargos respecto a los pedidos de varias bancadas para que “sea removido del cargo por falta grave”.

 Javier Velásquez (CPA), Gloria Montenegro (APP), Carlos Bruce (PPK) y Marco Arana (FA) sustentaron el  por qué debe ser removido el contralor Alarcón. 

 El legislador Velásquez fue el primero quien dijo que Alarcón debería  dejar el cargo por haber infringido el artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control que dispone que el titular del ente contralor está obligado a mantener una conducta intachable y solvencia moral para el ejercicio de ese cargo.

 «Se ha dedicado a actividades lucrativas, omitió durante cinco años sus declaraciones de bienes y rentas, presionó al auditor para que retire la denuncia e interceptó una conversación con su interlocutor (en alusión al ministro de Economía y Finanzas)», dijo Velásquez Quesquén.

 Bruce dijo que si el gobierno quisiera una Contraloría débil, «diríamos que se quede Alarcón» mientras Montenegro alertó que el titular del ente contralor genera desconfianza y su colega Arana planteó que la lucha contra la corrupción no debería ser un mero discurso.

 La Comisión Permanente aprobó el archivamiento de 38 denuncias constitucionales que fueron calificados como improcedentes por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

 Se aprobó por mayoría otorgarle un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que rinda un informe final sobre la denuncia del ex congresista Daniel Abugattás contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda por la supuesta infracción constitucional a los artículos 45,  51, 147, 150 y 154 inciso 1 de la Constitución Política. También respecto a la denuncia presentada por el ex congresista Antonio Medina Ortíz contra el ex ministro de Justicia del anterior gobierno, Gustavo Adrianzén, por la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, encubrimiento personal y falsedad genérica. 

 Se dio cuenta del informe final de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que resolvió acusar constitucionalmente al ex congresista Alejandro Yovera por la comisión de los delitos de concusión y propone sancionarlo con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de diez años. En fecha próxima será citado el ex legislador Yovera para que levante los cargos que le imputan. (JSR)

PRENSA-CONGRESO
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