El próximo martes, la Comisión de Constitución y Reglamento pondrá en debate el proyecto de ley 1410 que modifica los artículos 2º,3º,4º,5º y 6º del decreto de urgencia (DU) 003-2017, que establece medidas para evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o de asociaciones público-privadas, como consecuencia de actos de corrupción cometidos por empresas constructoras, concesionarias o de sus socios.

La decisión fue anunciada por el presidente de ese grupo legislativo, congresista Miguel Torres, en reunión con los miembros de directorio de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)  en la que los invitados expresaron su preocupación porque el DU y el proyecto de ley que lo corrige vulnerarían derechos constitucionales al pretender responsabilizar a las empresas del sector construcción en esos actos, sin tener en cuenta la presunción de inocencia.

Torres Morales les informó que no era necesario hacer comunicados alertando de este posible peligro para las empresas constructoras y proveedores porque su despacho siempre está abierto a escuchar las demandas y propuestas, aun si estas fueran posiciones contrarias.

En este sentido y adelantándose a esta preocupación, anunció que la comisión está elaborando un dictamen basado en los proyectos de ley de las congresistas Karina Beteta y Yeni Vilcatoma  que proponen modificar parte del articulado del decreto de urgencia.

En la reunión celebrada el miércoles 31, los representantes de Capeco dijeron que el DU –al pretender responsabilizar a las empresas concesionarias o aquellas con un 10% por ciento de participación, en los actos de corrupción-  se verán afectadas por el sector financiero y no habrían cartas fianzas ni de garantía. “Van a estar fuera del sistema y con una cruz encima”, graficó Ricardo Manrique, miembro del directorio, en su intervención.

Dijo que como gremio del empresario constructor, ellos entendían la preocupación del DU, pero también advirtió que los mecanismos que propone el proyecto de ley tenga no tengan los efectos deseados porque la realidad entre el gabinete y la práctica es diferente, pudiéndose trasladar también estas prohibiciones a la adquisición de bienes y servicios

Capeco, comentaron los miembros del directorio (el arquitecto Enrique Espinoza Becerra, presente en la reunión, preside desde mañana la institución), ha hecho cambios fundamentales en su comportamiento ético y no se puede determinar que una persona jurídica asuma las consecuencias de un tercero. “A la empresa que no ha aceptado el delito, ni ha tenido participación, no le van a trasladar los efectos de un tercero”, remarcaron.

También estuvo presente en la reunión el representante de la Asociación de Proveedores de la industria de la construcción, Hugo Alache Correa, quien expresó su preocupación por la paralización de los grandes proyectos de infraestructura.

Dijo que entre enero y mayo de este año, 70 mil puestos de trabajo están en peligro de paralizar y las familias que dependen de ello están atravesando por un difícil momento. Preguntó qué hacer para reactivar los grandes proyectos que han sido paralizados y reiteró en su intervención que el DU ha tenido un efecto contrario porque ha cortado la cadena de pagos. “No recibimos un sol de adelanto. Sunat ha intervenido las cuentas de Odebrecht y no se ha pagado a los proveedores, los han sacado de carrera”, sostuvo.

Sobre este punto, el congresista Miguel Torres aclaró que el proyecto no eliminará la ruptura de la cadena de pagos y se ha previsto que de las utilidades que generen la empresa constructora o la concesionaria, una parte será cobrada por Sunat, pero también se incluirá en ese porcentaje el pago a los proveedores y a los trabajadores de construcción civil.

PRENSA CONGRESO