La Comisión Especial de seguimiento parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, presidida por la congresista Elizabeth Taipe Coronado (PL), sostuvo esta mañana una reunión con el embajador Jorge Rubio Correa, director general de Asuntos Económicos y coordinador nacional del Perú para la Alianza del Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante la sesión, se discutieron temas relacionados con la implementación de políticas migratorias dentro de los países miembros del bloque. La cita se llevó a cabo en la sala Martha Hildebrandt del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

En su intervención, la congresista Taipe Coronado planteó la inquietud sobre los principales desafíos que enfrenta el grupo técnico de movimiento de personas, especialmente en términos de implementación y coordinación entre los países miembros.

El embajador Rubio Correa explicó que uno de los principales obstáculos para el avance de las conclusiones es la distinta legislación que hay en los países miembros. Este hecho dificulta la creación de criterios unificados, aunque destacó que el grupo técnico continúa trabajando en la búsqueda de soluciones para superar esta diferencia, a pesar de que involucra diversos estamentos de las entidades nacionales de cada país.

La congresista Taipe también preguntó sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en tránsito dentro de la Alianza del Pacífico. El embajador respondió que los cuatro países miembros están comprometidos con la seguridad en la migración, lo cual se refleja en la creciente cantidad de migrantes que cada país recibe. En el caso de Perú, se registran 75,263 nacionales de otros países de la Alianza del Pacífico, siendo la mayoría, los colombianos.

Además, la parlamentaria preguntó sobre las acciones implementadas para asegurar que los flujos migratorios no afecten negativamente a las comunidades locales, al tiempo que se protege los derechos de los migrantes.

Al respecto, el embajador subrayó que los países miembros han establecido mecanismos de coordinación policial para mantener la seguridad, así como normas nacionales que permiten a los migrantes realizar sus trámites con normalidad.

Dijo que estas políticas aseguran que los migrantes puedan acceder a servicios como atención médica, educación y empleo, contribuyendo a una integración más armónica y segura.

Previamente, la titular del grupo de trabajo anunció la programación de una sesión descentralizada y una audiencia pública en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, para el próximo 21 de marzo. En esta reunión, se abordarán temas relacionados con el fomento del desarrollo sostenible, la competitividad económica de la región y la integración con los mercados nacionales e internacionales, en el marco de la Alianza del Pacífico.

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