Varios proyectos de ley orientados a perfeccionar la lucha contra la corrupción en diferentes instancias presentó hoy martes 16 el contralor general de la República, Édgar Alarcón Tejada, en su presentación ante un grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los gobiernos locales.

De inmediato, los legisladores, encabezados en esta oportunidad por el congresista Bienvenido Ramírez Tandazo (FP), se mostraron receptivos ante las iniciativas del alto funcionario. Le garantizaron que apoyarán sus propuestas, especialmente ahora que está por comenzar el proceso de reconstrucción tras los daños causados por el Fenómeno El Niño Costero.

Alarcón hizo una amplia exposición sobre las acciones cumplidas por la Contraloría dentro de los gobiernos locales entre los años 2011-2016, a efectos de establecer irregularidades, deficiencias normativas y propuestas de solución que haya advertido en los procesos de contrataciones dentro de esas corporaciones edilicias.

Indicó que el organismo superior de control había presentado al Congreso diez iniciativas de ley para mejorar los procedimientos dentro de la labor institucional. Señaló que se encuentran en estudio en distintas comisiones dictaminadoras del Congreso.

Explicó que se había aprobado un proyecto de ley respecto de las presentaciones de declaraciones juradas de ingresos y de rentas por parte de funcionarios públicos.

Detalló que entre las propuestas para mejorar la labor de la Contraloría figuran la que permitirá a esa entidad tener acceso a las bases de datos, de manera permanente, con los Registros Públicos, Migraciones y la Unidad de Inteligencia Financiera. La finalidad incluye también una mejor coordinación de acciones con el Poder Judicial.

“Es muy necesario aprobar esta ley que nos permitirá mejorar en nuestra labor de control”, remarcó Alarcón. Anotó que otra propuesta de ley apunta a modificar la ley de contrataciones del Estado para que la Contraloría pueda adoptar medidas a fin de mitigar los riesgos de corrupción en los procesos de contrataciones públicas.

También se refirió a una iniciativa sobre la movilización y custodia de la documentación de las entidades públicas; fortalecimiento del control previo en cambios que se introduzca en los contratos con asociaciones público privadas (APP).

A lo anterior sumó un proyecto para la regulación de la construcción de obras por administración directa, entre otras iniciativas.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que formuló Alarcón Tejada estaba el necesario fortalecimiento del marco legal para luchar contra la corrupción, fortalecer el Sistema Nacional de Control, promoviendo el aumento de recursos para ese fin.

Sugirió, asimismo, que a fin de asegurar la correcta ejecución de las obras, se debe asignar a la Contraloría el 1% del valor de las mismas con fines de fiscalización. Además, juzgó muy necesario que se incorpore a los alcaldes y regidores, funcionarios elegidos por el pueblo, bajo los alcances de la potestad sancionadora ya que, por lo general, las responsabilidades recaen solo en los gerentes y jefes de proyectos, además de asesores.

Congresistas como el propio presidente del grupo de trabajo, Bienvenido Ramírez, Carlos Domínguez Herrera, Gílmer Trujillo Zegarra y César Segura Izquierdo (FP) respaldaron las propuestas planteadas por el contralor Alarcón. Coincidieron en que es necesario trabajar muy comprometidos en la lucha contra la corrupción, uno de los principales problemas que hoy afectan al país.

A una pregunta del legislador Wílbert Rozas Beltrán (FA), el contralor Alarcón dijo que el 22 del presente mes estará en condiciones de presentar el informe técnico respecto del análisis hecho a la adenda del contrato para la ejecución del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.

El congresista Rozas hizo ver la necesidad de contar con ese documento lo antes posible ya que este jueves 18 el Pleno del Congreso interpelará, por ese tema, al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo.

COORDINACIÓN

En la amplia exposición que hizo ante los legisladores el contralor dijo que, si no se realiza un trabajo coordinado entre las instituciones nacionales, la corrupción será un problema sin solución. Anotó que el proceso en cada caso denunciado suele durar por lo menos siete años.

Expresó, al respecto, que entre los años 2011-2016, de un total de 299 casos sentenciados, solo 42 fueron sujetos de condena efectiva y casi un 80% de involucrados (257) tuvo condena suspendida. Indicó que los casos más comunes fueron de peculado, negociación incompatible, falsedad y corrupción en general.     

Mostró cifras estadísticas respecto de esos casos de corrupción y luego enumeró casos emblemáticos ocurridos en los diferentes departamentos del país caracterizados por incumplimiento de obras, perjuicios a la población con obras inconclusas y sobrevaloración de proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de pistas y carreteras, entre otras de infraestructura. (JTR).

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