Denuncias de presuntas irregularidades que tendrían visos de corrupción en las proyectadas obras de saneamiento de agua y alcantarillado en las diez provincias de la región Cajamarca, las cuales no fueron ejecutadas en su mayoría, fueron hechas hoy lunes 2 en un grupo de trabajo que evalúa esa situación y es presidido por el legislador Segundo Tapia Bernal (FP).

En la oportunidad se dijo que las obras habían sido consideradas mediante una inversión de 123 millones de soles. Sin embargo, no se ha acreditado hasta el momento el destino que se habría dado a 43 millones de soles, pues solo se había concluido las obras en Jaén y en otras ni siquiera han sido terminadas, sea en Cutervo, Chota, Chincheros y San Marcos, entre otras localidades cajamarquinas.

Aún más: las obras terminadas en Jaén no significan necesariamente que sean óptimas y que hayan dado los frutos esperados, según se dijo en la sesión en la que solo participó el parlamentario Tapia, pues los otros dos integrantes estuvieron de licencia en esta oportunidad.
Todo lo anterior fue establecido en una prolongada sesión de más de cuatro horas de duración con la presencia de Nelson Guevara Altamirano, contralor regional del norte, así como de Lilian Marisol Cruzado Vásquez, consejera regional de Cajamarca; y Hénry Horna Pereira, exdirector regional de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca.

El contralor regional sostuvo que, a raíz de esta situación, se había perjudicado con la falta de servicios de agua y alcantarillado a 153 mil 400 personas en un total de 28 mil familias afectadas. “Nada ha sido beneficioso. Todo ha resultado negativo”, precisó el funcionario, quien acudió a la sesión en representación del contralor general de la República, Édgar Alarcón.
“Solo está operativo el proyecto correspondiente a Jaén, pero no significa que esté en buenas condiciones. El resto de proyectos está paralizado y abandonado. Entonces, se advierte aquí posibles actos de corrupción”, señaló el congresista Segundo Tapia, a modo de sintetizar las declaraciones de los convocados a la reunión.

Añadió que lo anterior significa que el Estado deberá pagar el monto recibido del apoyo exterior, concedido especialmente por la Agencia de Cooperación JICA, del Japón, conforme se desprendía de las investigaciones efectuadas.
Se ha establecido, como dijo el contralor regional, que en muchos casos hubo tuberías en mal estado, materiales deteriorados y falta de energía eléctrica, lo cual fue comprobado en reiteradas visitas de inspección. Hubo casos en que inclusive pudo haberse resuelto el contrato dada la gravedad de los hechos denunciados.

Otra de las irregularidades es que Pro Región aprobó el respectivo presupuesto sin sustento, y al parecer la marcha de los proyectos, desde el año 2010, fue continuada por el presidente regional Gregorio Santos, según se dijo.

El congresista Segundo Tapia anunció que a una próxima sesión será citado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, pues hay denuncias formuladas ante el Ministerio Público y es necesario conocer en qué situación se encuentran esos casos. (JTR).
PRENSA-CONGRESO
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