Sin ningún voto en contra, la Comisión de Justicia aprobó esta tarde que en todas las notarías del país se utilice el sistema de comparación biométrica de huellas dactilares para verificar la identidad de los ciudadanos que tramiten testamentos, actas de transferencias de bienes muebles o inmuebles, de aportes de capital para la constitución de empresas, entre otros documentos que se gestionen ante los registros públicos.

 El único legislador que se abstuvo fue Francisco Villavicencio (FP), según dio cuenta el presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi (PPK) durante la sesión que se realizó en la Sala Raúl Porras Barrenechea.

 La autora de la iniciativa, Sonia Echevarría (FP), destacó que lo que busca esta proposición es acabar con la suplantación de identidades en los trámites notariales y que constituye una modalidad de fraude porque incluso sería posible detectar imitaciones de huellas dactilares.

 Para la implementación de esta futura ley, una notaria solamente deberá requerir una computadora y un lector de huellas dactilares y se utilizará el servicio que actualmente presta el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Se calcula que actualmente el 16% de las notarías no utiliza el sistema de comparación biométrica de huellas dactilares porque la actual legislación dice que es facultativo lo cual no garantiza la seguridad jurídica en los procedimientos que se llevan a cabo a nivel  notarial.

 Igualmente, la Comisión de Justicia acordó allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a las modificaciones a la Ley 30077, ley contra el Crimen Organizado en armonía con los decretos legislativos 1244 y 1342 que crean el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y diseña los órganos jurisdiccionales para juzgar y sancionar los delitos de corrupción de funcionarios.

 Dicha estructura está compuesta por la Sala Penal Especializada Anticorrupción, de ámbito nacional y por las salas y juzgados especializados anticorrupción como entes ordinarios y especializados con competencia a nivel de los distritos judiciales.

 Antes, se presentó el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien informó acerca del incendio que se produjo en el penal Lurigancho el pasado 19 de marzo y donde hubo dos fallecidos y algunos heridos. Hasta ahora continúan las investigaciones para determinar la causa exacta del siniestro pero se sospecha que el incendio que se originó en el tercer piso del pabellón 2 del referido centro penitenciario fue porque una vela o la colilla de un cigarro cayó sobre material inflamable. 

 Se comprometió que antes que concluya el presente año el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será el responsable de la custodia interna y externa de los penales en el país e informó que en lo que se refiere al penal  Lurigancho se han aislado a 80 reclusos sospechosos de extorsionar a los ciudadanos que están fuera de las cárceles. (JSR)

PRENSA CONGRESO

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