Con el objetivo de identificar y promover soluciones concretas para proteger la vida, la integridad y garantizar la seguridad ciudadana, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides, dirigió una reunión de trabajo en la que se analizó el Proyecto de Ley 9085 del Poder Ejecutivo, que propone modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N.° 635, a fin de incorporar el delito de terrorismo urbano.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Isaac Mita Alanoca (PL), informó que el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del dictamen que modifica el Código Penal para incluir el delito de criminalidad sistemática.

La propuesta establece que cualquier persona que, mediante el uso de municiones, armas de fuego, artefactos explosivos u otros elementos de similar naturaleza, cometa delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, generando zozobra o terror en la población, será sancionada con cadena perpetua.

El congresista Mita Alanoca también cuestionó que el Poder Ejecutivo presentara su propio proyecto de ley a destiempo, lo que impidió su inclusión en el dictamen final.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, reafirmó su respaldo al Proyecto de Ley 9085, resaltando su importancia en la lucha contra la criminalidad organizada y la mejora de la seguridad ciudadana. Explicó que la tipificación del terrorismo urbano permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra organizaciones criminales catalogadas bajo esta categoría.

Asimismo, subrayó que delitos como el sicariato, la conspiración para cometer sicariato y la extorsión son las principales amenazas que busca combatir esta iniciativa.

«Esta propuesta no es solo un cambio de nomenclatura. La calificación de un delito como terrorismo implica un tratamiento distinto: será investigado por fiscales especializados, juzgado por jueces especializados y representado por procuradores especializados en delitos de terrorismo», enfatizó.

Santiváñez también propuso la suscripción de un pacto por la seguridad con la participación del Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de garantizar que los efectivos policiales que usen sus armas de manera legítima no sean perseguidos judicialmente. «Necesitamos respaldo para que nuestra Policía Nacional continúe enfrentando la criminalidad con firmeza», concluyó.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

A su turno, el adjunto (e) para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha contra las Drogas de la Defensoría del Pueblo, Raúl Enrique Miranda Sousa Infante, destacó la importancia de la iniciativa legislativa aprobada en el Congreso sobre criminalidad sistemática y subrayó la necesidad de un enfoque preventivo para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Planteó propuestas como la revisión de la eficacia de los mecanismos de seguridad, mayor énfasis en la prevención, optimización del trabajo de la Policía Nacional y los gobiernos locales, así como más sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y la evaluación de las declaratorias de estado de emergencia para determinar su efectividad en la reducción de la criminalidad.

PODER JUDICIAL

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, propuso analizar la legislación vigente antes de incorporar una nueva figura penal en el Código Penal.

«Hemos escuchado las argumentaciones respecto a este proyecto de ley y, en su momento, ya hemos conversado sobre este tema. En el Código Penal existen figuras de delito de terrorismo dentro del apartado de delitos contra la tranquilidad y seguridad pública. Por ello, la propuesta del Poder Judicial es revisar los elementos típicos que configuran esta figura para determinar si su alcance ya permite sancionar estos actos cuando ocurren en zonas urbanas», explicó.

Si bien el Poder Judicial no se opone a la propuesta legislativa, la magistrada destacó que la normativa penal ya contempla tipos penales con precisión y especialidad, evitando duplicaciones innecesarias. Como ejemplo, mencionó el delito de prevaricato, que no ha requerido nuevas figuras para su regulación.

También indicó que hechos recientes, como el atentado contra locales del Ministerio Público en La Libertad, pueden ser analizados bajo la legislación vigente para evaluar si se requiere una modificación o si el marco actual es suficiente.

FISCALÍA DE LA NACIÓN

Asimismo, el asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación, Jorge Rojas Yataco, señaló que la iniciativa legislativa debe ser revisada a fondo, especialmente en la configuración del tipo penal y sus elementos jurídicos. En ese sentido, destacó la importancia de revisar los verbos rectores que definirían la aplicación de esta nueva figura penal.

Finalmente, mencionó que la fiscal de la Nación está impulsando una nueva reglamentación para fortalecer el rol de los fiscales de prevención del delito, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad desde un enfoque preventivo.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Finalmente, el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Teodoro Falconi Gálvez, expresó el respaldo de su sector al Proyecto de Ley 9085, destacando su importancia para fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mayor protección a los miembros de las fuerzas policiales.

Indicó que existen varias iniciativas legislativas en el Congreso con el mismo objetivo, las cuales han sido unificadas en un texto sustitutorio aprobado en primera votación por el Pleno. En ese sentido, resaltó la coincidencia de criterios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo respecto a la necesidad de fortalecer el marco legal para enfrentar la criminalidad organizada.

Falconi Gálvez enfatizó que estos proyectos representan una respuesta adecuada para la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud y el patrimonio. Además, resaltó que la propuesta prevé un tratamiento diferenciado para los condenados por terrorismo urbano.