En un evento organizado por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos (FP), a través de la Oficina de Participación Ciudadana, se desarrolló una conferencia en la que participaron representantes de los sectores vinculados al manejo en el país de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Se trata justamente de la convocatoria a representantes vinculados a la fiscalización de estas organizaciones, sobre las que existe, en algunos casos, cuestionamiento a los objetivos que cumplen estas organizaciones.

Cabe recordar que una de las primeras acciones de la nueva administración gubernamental encabezada por Donald Trump fue congelar por 90 días el apoyo económico a distintos programas sociales, entre ellos los que impulsa la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) en distintos países, como el Perú, con el objetivo de garantizar que todos los programas de ayuda exterior «sean eficientes y coherentes con la política exterior de Estados Unidos”.

EXPONEN

En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Luis Parra Del Carpio, secretario técnico del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del portafolio, dijo que desde hace 70 años se cumple con la misión de supervisar y acompañar a las fundaciones que operan en nuestro país.

Dijo que las acciones de control tienen tres niveles, uno es la supervisión legal o contable; el examen especial contable financiero; y la auditoria.

Indicó que hacen una revisión administrativa legal y contable de una fundación, el libro de actas, registros de donaciones, el libro diario entre otros. Señaló también que se ve “in situ” el local de la fundación, el domicilio fiscal donde opera y el registro de beneficiarios.

También informó que cada año se realiza la supervisión del 43% de las fundaciones, donde se realizan observaciones, recomendaciones de orden interno. En caso de incumplimiento de obligaciones se inician acciones legales; en casos graves, el retiro de las organizaciones del Registro Nacional Administrativos de Fundaciones.

Empero, refirió que también hay beneficios en el caso de que las entidades cumplan con sus fines debidamente, como el otorgamiento de una constancia que le permite obtener la exoneración del impuesto de la renta, entre otros.

Por su lado, Gladys Silva Acosta, jefa del Órgano de Control Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), dijo que los recursos que tiene las fundaciones son supervisados por esta entidad, Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros con el objetivo de detectar si hay delito de lavado de activos, narcotráfico o terrorismo.

Frente al cuestionamiento de algunos sectores a la supervisión de APCI, dijo que solicitaron las evidencias y reconoció que pese a que las organizaciones contaban con la información requerida no la habían publicado en su portal de transparencia.

“Ese fue nuestro aporte de advertir, en aras de la transparencia, que se publique la información respectiva”, dijo.

A su turno Cesar Jordán Palomino, director de cooperación internacional de la Cancillería, dijo que los Estados Unidos es el país que apoya más a organizaciones y que un 65 por ciento de sus donaciones es para las ONG.

Dijo que Perú recibe 500 millones de dólares de donación y de ese total 370 millones proviene de un gobierno y 132 de fuentes privadas; y las áreas temáticas son inclusión social, Estado y gobernabilidad.

Aclaró que una ONG no puede ser cerrada por la APCI sin orden judicial y que no puede invadir funciones de otras entidades como el Ministerio Publico, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat, entre otras.

Sin embargo, sostuvo que si puede reportar situaciones de riesgo de que se pueda estar trabajando en situación de financiamiento ilícito, lavado de activos o evasión tributaria.

Luego, señaló que de 3 mil 140 organizaciones inscritas en APCI solo el 10% ejecutan fondos.