Por amplia mayoría, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista Manuel García Correa (APP), aprobó el dictamen que modifica los decretos legislativos 1280 y 1284, con el objetivo de precisar los subsidios, tasas y autorizaciones de servicios, beneficiando a más de 28 millones de usuarios de agua potable.

La norma, sustentada en el Proyecto de Ley 8664/2024-CR, que obtuvo 11 votos a favor y una abstención, busca evitar que los costos derivados de sanciones, procesos judiciales o arbitrales sean trasladados a las tarifas de los servicios, protegiendo a los usuarios de cargas económicas adicionales.

Además, elimina los recargos por subsidios cruzados entre usuarios de diferentes empresas prestadoras, promoviendo una distribución más equitativa de los costos.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión destacó que el dictamen fortalece las facultades de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), permitiéndole regular las tarifas de manera eficiente y técnica, priorizando la protección del consumidor y asegurando la sostenibilidad del sistema de agua potable y saneamiento.

Por su parte, la congresista Digna Calle Lobatón (PP), autora de la propuesta legislativa, subrayó que la norma se fundamenta en el principio de justicia social y protección al consumidor, garantizando tarifas equitativas y accesibles para todos los sectores de la población, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad económica.

OSINERGMIN

En otro momento, los miembros de la Comisión recibieron al presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  (Osinergmin), Omar Chambergo Rodríguez, quien presentó un informe sobre los avances en supervisión y regulación en el sector energético.

Durante su exposición, Chambergo Rodríguez destacó la implementación de mega operativos nocturnos a nivel nacional para supervisar el sistema de alumbrado público. El primer operativo, realizado en julio, involucró a más de 100 fiscalizadores en las 25 oficinas regionales, verificándose 30,000 lámparas, de las cuales 500 presentaron deficiencias que fueron subsanadas por las concesionarias en un plazo de tres días.

Un segundo operativo se llevó a cabo el pasado 27 de noviembre, manteniendo el enfoque en garantizar la calidad del servicio.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL