La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside Elva Julón Irigoín (APP), aprobó por unanimidad (16 votos), el dictamen que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 728, Ley de fomento del empleo, para incorporar sanciones disciplinarias distintas al despido.

La propuesta legal, que se sustenta en el Proyecto de Ley 5508/2022-CR, contiene dos artículos.

En el primero se modifica el artículo 74 del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, precisamente para agregar el despido “incausado” y el despido fraudulento.

Mientras, en el segundo artículo se incorpora los artículos 65-A y 65-B al mismo decreto legislativo; ambos artículos definen y precisan tanto el despido “incausado” como el despido fraudulento.

En la exposición de motivos se señala que de acuerdo con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, el “tipo de despido incausado es el más recurrentemente atendido en este tribunal, llegando a abarcar el 60% de los casos. La misma que, como ya se ha visto, no ha sido considerada en los marcos legales vigentes”.

Por tanto, “dada la alta incidencia de los despidos incausados, definidos como aquellos que no tienen causa y diferenciados de los injustificados por el hecho de que estos últimos tienen una causa pero no ha sido probada, se hace necesario tipificar el despido incausado para plantear las medidas disciplinarias necesarias”.

La presidencia del grupo de trabajo determinó aceptar la solicitud del congresista Jorge Coayla Juárez (JP-VP) de acumular su Proyecto de Ley 9238/2024-CR.

SUSTENTACIONES

El congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN) sustentó el Proyecto de Ley 8449/2023-CR, Ley que autoriza la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de productividad y competitividad laboral, a los trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) beneficiarios de la Ley N° 31539 que se encuentran bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con contrato a plazo indeterminado.

De inmediato, el parlamentario Segundo Quiroz Barboza (BMCN) sustentó el Proyecto de Ley 8861/2024-CR, Ley que dispone la homologación de las remuneraciones y otros beneficios sociales para los trabajadores del régimen CAS.

SERVIR

En otro punto de agenda, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Guillermo Valdivieso Payva, se presentó ante la comisión para brindar un informe sobre el estado de implementación de la reforma del servicio civil en las diferentes entidades del Estado, desde su creación a la actualidad.

Valdivieso Payva inició su alocución con un concepto: “la reforma del servicio civil peruano, y los instrumentos que la rodean, tienen como centro las personas; si tenemos mejores servidores civiles, tendremos mejores servicios públicos, que impacten positivamente en la vida de las personas”.

Seguidamente, manifestó que el proceso de tránsito (esto es, la ruta que permitirá a las entidades públicas implementar la Ley del Servicio Civil) es complejo, “en la medida que cada entidad pública debe decidir “ordenar la casa”, lo que implica la creación de manuales de perfiles de puestos, y el cuadro de puestos de la entidad”.

En cuanto a los gerentes públicos en las entidades de los tres niveles de Gobierno, informó que, desde su creación en el 2008, el Cuerpo de Gerentes Públicos ha realizado 17 procesos de selección masiva a nivel nacional, con la participación de más de 33 mil postulantes; más de 1000 personas han sido incorporadas al cuerpo a lo largo de los años.

Finalizada su exposición, los congresistas Isabel Cortez Aguirre (BDP), Jaime Quito Sarmiento (BS), Alex Paredes Gonzales (BMCN) y Segundo Quiroz Barboza (BMCN), manifestaron sus dudas sobre el trabajo real que realiza Servir y plantearon su eliminación.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL