La Comisión de la Mujer y Familia aprobó, en forma unánime, la propuesta que plantea declarar de interés nacional el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas para mejorar la capacidad operativa, tecnológica, y de respuesta rápida y efectiva de la Policía Nacional del Perú en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente de los grupos más vulnerables como mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores.

El grupo de trabajo que preside la congresista Jessica Córdova Lobatón (RP), aprobó de esta manera, el texto sustitutorio recaído en el Proyecto de Ley 7699, de autoría del congresista Guido Bellido Ugarte (PP), que tiene el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo para lograr una respuesta más rápida de la policía en el caso de desapariciones de personas.

De igual manera, recomendar la priorización de recursos financieros para la implementación de actividades en la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, con énfasis en las vulnerables, aspecto clave para superar las limitaciones existentes. Fue en la primera sesión extraordinaria descentralizada que se desarrolló en la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali.

La legisladora, indicó que, de acuerdo a cifras registradas por el Ministerio del Interior, al año han desaparecido más de 20 mil personas, y que el promedio de localización efectiva ha sido apenas de un 49 %, lo que implicaría que la mitad de personas reportadas como desaparecidas continuarán en esa situación.

Refirió que el sistema está compuesto por el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, el portal web de personas desaparecidas, el sistema informático para la activación de la alerta de emergencia y la Línea Única 114 de atención de casos de desaparición.

Señaló que existe dificultades en el registro de las denuncias y emisión automática de las notas de alerta, el 35 % de los efectivos policiales indicaron problemas en la conexión y el Internet, señalan que son engorrosos los formularios que se usan, que hay limitaciones en el portal web.

Asimismo, el 58% de los policías afirma que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las diligencias inmediatas que permitan ubicar a las personas desaparecidas, y un 25 % asegura que cubre con su propio dinero los gastos que se requieren, y un 60 % que no recibe apoyo de los municipios ni de serenazgo.

“Tenemos que pronunciarnos como comisión. No podemos ser solo espectadores de esta situación”, expresó la legisladora tras poner al debate y voto el texto sustitutorio que busca para llamar la atención del Poder Ejecutivo para que atienda las demandas.

ESTADÍSTICAS

Durante la sesión se presentaron representantes del Ministerio de Interior, convocados para informar sobre la situación actual de la problemática de las personas desaparecidas en todo el ámbito nacional y evaluación del desempeño de las entidades encargadas de su búsqueda y atención, con énfasis en el departamento de Ucayali.

En ese sentido, estuvo presente Javier Gamero Kinosita, titular de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior; y Karen Gabriela Medrano Catacora, analista en Política Públicas de la dirección en referencia.
Gamero Kinosita, informó que un 64 % de las víctimas desaparecidas son mujeres, de ese porcentaje, 60 % son niñas y adolescentes y que solo un 53 % es ubicado.

Por su lado, Medrano Catacora informó de las acciones que se vienen llevando a cabo para la elaboración de un plan nacional, el marco normativo existente y lo que se requiere para el fortalecimiento de la geolocalización. Así también el desarrollo de procesos de capacitación y el significado de la Alerta Ámber, que solo incide en niños, niñas y mujeres en alto riesgo, para una mayor difusión en los medios de comunicación.

AUDIENCIA PÚBLICA

Después de la sesión, se inició la audiencia pública denominada “Dignidad y seguridad familiar contra la trata, desaparición y violencia, encabezada por Córdova Lobatón, acompañada de la congresista Jeny López Morales (FP). Concurrieron representantes de las universidades, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros.

Córdova Lobatón sostuvo que no podrá descansar sin antes ver que se disminuyan los efectos del flagelo de los crímenes en contra de las comunidades y los sectores más vulnerables. Para efecto, demandó políticas de prevención, capacitación y acciones inmediatas para atender este grave problema.

López Morales, representante de la región, invocó a la ministra de la Mujer, Teresa Hernández Cajo, que esté presente en todas las sesiones organizadas por la comisión y cuestionó su retiro de la audiencia y su breve paso por ella.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL