Tras un pedido del congresista Alfredo Pariona Sinche (BS), el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca (PL), aceptó pasar a un cuarto intermedio el texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 9100, 9055 y otros, que propone modificar los alcances de algunas normas referidas al crimen organizado.

Fue en la sesión plenaria de este miércoles 16, conducida por el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero Alva (APP).

Según el nuevo texto presentado hoy, a las 09:oo horas, se busca modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado; la ley 27379, Ley de Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares; y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar los procedimientos y características concurrentes hacia la lucha frontal contra el crimen organizado.

Luego del debate y de haber escuchado las posturas de la mayoría congresal sobre el texto, el parlamentario Mita Alanoca expresó que “las diferencias señaladas no son tan complejas y con criterio, el Legislativo puede mejorar la citada norma”.

DEBATE

Diversos congresistas expresaron su preocupación con relación a términos, procesos y alcances de la pena que no quedarían claros.

El legislador Alejandro Muñante Barrios (RP) manifestó que, en la definición de organización criminal era necesario eliminar la palabra “cadena de valor” por obtener directa o indirectamente un beneficio económico de orden material.

En la misma línea se pronunció el congresista Jorge Marticorena Mendoza (APP) al señalar que “cadena de valor” desvirtúa la norma.

Por su parte, el parlamentario Alfredo Azurín Loayza (SP) propuso que para el ingreso y registro no era necesaria la presencia del interesado o su abogado defensor. “No le veo sentido complicar la figura jurídica para el ingreso”, dijo.

El legislador Edward Málaga Trillo (Avanza País) aseveró que el texto aún presenta ambigüedades e inconsistencias. Además, refirió que la necesidad de notificar el allanamiento rompe el tema de la confidencialidad.

Con relación a la pena por la comisión de delitos graves, los congresistas de Perú Libre Flavio Cruz Mamani y María Agüero Gutiérrez se mostraron de acuerdo en que esta sea igual o superior a cinco años.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL