El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Isaac Mita Alanoca (PL), sustentó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, entre otros, que propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de incorporar el delito de terrorismo urbano.

“El presente dictamen surge a raíz de una preocupación que no debe ser ignorada, como los elevados índices de criminalidad que azotan nuestro país y que vulnera de manera directa los principios fundamentales de nuestra Constitución”, sostuvo el parlamentario.

En esa línea, dijo que la propuesta fortalecerá la seguridad ciudadana al proporcionar a las autoridades herramientas precisas para enfrentar la extorsión que afecta a miles de personas y emprendedores.

“Además, se prevendrá y reprimirá de manera más efectiva los actos delictivos que intentan desestabilizar nuestros pueblos, promoviendo una coordinación interinstitucional que permita a las fuerzas policiales y judiciales trabajar en conjunto y en forma eficaz. Asimismo, fomentaremos la colaboración trasfronteriza en la lucha contra el crimen organizado“, argumentó el titular de la Comisión de Justicia.

LA PROPUESTA
La propuesta incorpora el Capítulo III, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal, Decreto Legislativo 635, que comprende los artículos 318-A y 318B.

Respecto al artículo 318-A, este refiere los actos del terrorismo urbano y se señala quien provoque o realice actos típicos que deben concurrir en dos o más delitos previstos en los artículos 108, 108-C, 108-D, 121, 129-A, 129-B, entre otros, generando estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, prevalencia o hegemonía en la actividad criminal, irá a prisión por no menos de 20 años ni mayor a 30 años con 365 días-multa.

Dicho castigo también aplica para los delitos agravados en la Ley de Delitos Informáticos.

En el artículo 318-B se detallan los actos agravados del terrorismo urbano y se destaca que estos serán sancionados con pena no menor a 30 años cuando el agente pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional.

Asimismo, cuando se actúa con gran crueldad y cuando la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución o miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular.

Otro de los agravantes es cuando el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, además de casos en las que utilicen a menores de edad u otros inimputables para su comisión, entre otros.

SIN ACUERDO
Previamente, el titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Isaac Mita Alanoca (PL), sustentó un dictamen diferente que cambiaba la denominación de terrorismo urbano por “criminalidad sistemática”.

Esta nueva propuesta surgió luego de una mesa de trabajo que presidió el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el pasado 2 de octubre, con especialistas de derecho penal.

Sin embargo, el congresista Héctor Valer (SP) presentó una cuestión previa para que se debata el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Justicia, el cual tuvo el respaldo de 79 congresistas, 15 en contra y sin ninguna abstención.

Sobre ello, la parlamentaria Martha Moyano (FP) cuestionó que no se respete la decisión que tomaron los congresistas para la elaboración del dictamen y se haya presentada una propuesta realizada por técnicos. “Es hora de que tengamos orden en el Congreso”, acotó.

A su turno, Juan Burgos (PP) sostuvo que no se debe tener miedo a las bandas criminales y menos a llamar a sus acciones “terrorismo urbano”.

Su colega Roberto Chiabra (APP) se mostró a favor de que las propuestas presentadas, incluso la del Poder Ejecutivo, se vuelvan a debatir junta en la Comisión de Justicia, pero no tuvo respaldo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL