Con 12 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 6162, 7140 y otros que propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

El grupo de trabajo señala que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente, la humanitaria y de promoción del desarrollo sostenible; sin embargo, existen vacíos legales en la Ley 27692, Ley de creación de la APCI, que no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias como las ONG.

En ese sentido, el texto sustitutorio plantea un marco regulatorio semejante al de los países que pertenecen a la OCDE, es decir, propone la modificación de los artículos 4, 5, 21, 22 y la derogación de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 27692.

También se introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político. De esta forma, se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional.

“Lo único que persigue esta ley es transparencia y darle la garantía a la APCI que sus recursos son bien utilizados”, manifestó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP).

Además, el texto refiere que las organizaciones que gestionen cooperación técnica internacional deberán inscribir obligatoriamente, ante la APCI, sus proyectos, programas o actividades, bajo sanción.

Asimismo, se creará una intendencia adscrita a la Sunat para que los recursos cooperación técnica internacional que reciben las ONG sean transparentados.

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