Con 82 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la representación nacional aprobó, en primera votación, el dictamen del Proyecto de Ley 842, que propone regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas.

De igual forma, quedó exonerado de la segunda votación, con 86 votos a favor.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Transportes, Eduardo Salhuana, indicó que hay un vacío legal, porque estas empresas están operando, pero no hay un marco normativo que establezca obligaciones y responsabilidades, lo que genera una afectación al usuario.

Asimismo, afirmó que con esta ley se propone establecer reglas claras para que la actividad prestada se encuentre regulada de manera correcta y se logre una mayor seguridad y protección de los intereses del usuario.

Seguidamente, el parlamentario José Elías Ávalos señaló que no todas estas empresas tienen domicilio legal en el país, y muchas no pagan impuestos, por lo tanto, no pueden ser fiscalizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Indecopi, Sunat o la Municipalidad de Lima.

Además, indicó que, a partir de esta ley, dichas empresas deben ser sociedades anónimas, tener oficinas en el Perú y personal que se hagan responsables.

Además, se establece que dichas empresas son responsables, dentro de un proceso administrativo o de un proceso judicial, del servicio propio de su rol de intermediación tecnológica, por la conducta omisiva o activa que de manera efectiva hubieran asumido o se encontrase de forma expresa en el ámbito de su control.

Estas empresas deben informar: la identificación del vehículo (placa, color, modelo y año), identificación del conductor, la ruta por la que el conductor se desplaza o desplazará desde el inicio del servicio, durante el recorrido y hasta el final del destino solicitado, el mecanismo de alerta en caso de emergencia que pusiera en peligro al pasajero, entre otros.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL