Por mayoría, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen del Proyecto de Ley N.° 6589 que plantea la precisión del artículo 89 del Código Penal, modificado por la Ley 31751, y propone sumar un año más a los plazos de prescripción que se establecen en la norma vigente.

El resultado de la votación fue 66 votos a favor de la propuesta legislativa, 24 en contra y 14 abstenciones. Deberá someterse a una segunda votación transcurridos siete días calendarios como mínimo, de acuerdo al artículo 78 del Reglamento del Congreso.

La iniciativa legislativa de autoría del congresista Flavio Cruz Mamani (PL), fue sustentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, América Gonza Castillo, de su misma bancada, quien dijo que “su aprobación evitará someter a los ciudadanos de por vida a largos procesos, que no solo significa gasto, sino que afecta su tranquilidad”.

Gonza Castillo señaló que dicho plazo debe ser razonable y proporcional para para resolver un hecho criminal e indicó que el año adicional tiene el objetivo de que la acción penal punible del Estado tenga un fin y que el ciudadano no se vea sometido a plazos indeterminados.

“Muchas veces hemos visto que la persecución va desde cuando eres joven y no termina hasta cuando la persona es adulta o anciana, inclusive la fiscalía quiere perseguir a los ciudadanos hasta la tumba. Eso afecta a los derechos humanos de las personas”, anotó.

Refirió que otro aspecto de la iniciativa legislativa es la precisión de que para no atentar contra la tutela jurisdiccional ni contra el plazo razonable para el investigado y agraviado ni contra la seguridad pública o ciudadana, no se otorga un plazo mayor a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 84 del Código Penal.

Explicó que la propuesta se generó después que el Congreso aprobara, hace poco, una ley para evitar que la Fiscalía, cuando le falte plazo y requiere más tiempo, suspenda el plazo y deje a los ciudadanos investigados de por vida.

Por su parte, Cruz Mamani sostuvo que la precisión de la prescripción debe ser regulada, habida cuenta que la penalidad es alta en nuestro país y que los procesos son largos, por lo que los imputados sufren gran parte de su vida sin ser sentenciados.

EL DEBATE

Durante el debate la congresista Susel Paredes Piqué (CD-JP) consideró que, antes que la reducción de la prescripción, es necesario reforzar la defensa pública, la que es insuficiente, pero que la ley debe aplicarse para quienes cometieron delitos. Dijo no entender la posición de quienes defienden esta propuesta, «porque primero se fueron a visitar las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, y que hoy quieren flexibilizar la ley».

La congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) criticó que se cuestione un acuerdo plenario, sin considerar “lo que los jueces señalan de que se está generando una ventana para la impunidad, reduciendo plazos y poniendo en riesgo otros casos”.

La legisladora Gladys Echaíz (HyD) sostuvo que el Poder Judicial puede no aplicar la ley, al amparo del artículo 138 de la Constitución, cuando una norma es inconstitucional, en el ejercicio del control difuso.

Consideró que hay confusión de conceptos porque la suspensión solo procede en determinados casos cuando se requiere de otro procedimiento, por ejemplo, evasión tributaria o cuando el presidente de la república termine su gobierno.

Por eso, dijo que reducir el plazo de prescripción es avalar la impunidad.

Posteriormente, se presentó un pedido de reconsideración a la votación de esta propuesta, sin embargo, este fue rechazado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMNAGEN INSTITUCIONAL