La legisladora y presidenta de la Comisión de Vivienda, Marisa Glave, mostró su preocupación porque se comprobado, una vez más, que el Decreto Supremo 058-2014, que convierte  en indefinidos los Certificados de Defensa Civil, se vislumbran  como un peligro latente y se deja en manos de los comerciantes la posibilidad de verificar temas de seguridad en sus propios establecimientos.

“Aquí encuentro gran responsabilidad de INDECOPI, porque la seguridad de los ciudadanos no se puede ver como una barrera administrativa. Mediante ese decreto supremo se modificó la obligatoriedad  de  los establecimientos de contar con certificados de Defensa Civil cada dos años. Es muy preocupante, dijo.

Fue el miércoles 30, luego de la sesión de la Comisión de Vivienda y Construcción, que ella preside, y que tuvo como invitados a Mario Casareto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima Metropolitana; y Wladimiro Giovanini Freire, jefe del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENEPRED,  quienes informaron sobre las normas que rigen la seguridad de los centros y locales comerciales.

Ambos invitados  coincidieron en señalar que la empresa de cines UVK en Larcomar, ya tenía vencida su licencia en mayo pasado y que en agosto recién inició los trámites para obtener una nueva. Asimismo, dicha empresa habría cambiado las estructuras que figuran en el plano de la licencia inicial.

La legisladora de Frente Amplio ratificó la decisión  de la Comisión de Vivienda para revisar, y si es necesario modificar,  las normas como las actuales, que dan licencias indefinidas sin la obligatoriedad de contar con  inspecciones que verifiquen periódicamente la seguridad en los centros comerciales y establecimientos de gran afluencia de público.

Otro tema que le preocupa, según dijo Glave, es la falta real de presupuesto para realizar dichas inspecciones por parte de los municipios. Las normas que rigen la fiscalización de seguridad de centros y locales comerciales serán evaluadas  y modificadas por la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso. “Debemos prevenir tragedias como la ocurrida en el cine UVK de Larcomar”, sostuvo.

BANMAT

En otro momento, a solicitud del legislador Vicente Zeballos Salinas (PPK),  la comisión contó con la presencia de Manuel Adrianzén Barreto, presidente de la Junta Liquidadora del Banco de Materiales. El invitado informó que BANMAT ha tenido que reprogramar su extinción prevista en el plan inicial para diciembre de 2014, hasta en tres oportunidades.

De acuerdo con la última modificación, la extinción estaba prevista para diciembre de 2017 siempre y cuando la devolución del fondo revolvente se hubiese llevado a cabo en el presente año, lo cual no ha sucedido.

Esto significa un retraso de tres años más  con relación a los planes iniciales. En el presente mes deberán reprogramarse las actividades, afirmó.

Los auditores externos  han opinado que el BANMAT, al estar en liquidación, no debería ocuparse de encargos de terceros y solamente realizar funciones de liquidación de acuerdo a la Ley General de Sociedades. (EPA)

PRENSA CONGRESO