La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside el legislador Alejandro Cavero Alva (Avanza País), recibió la opinión técnica de diversos especialistas sobre las iniciativas recaídas en los proyectos de ley 5472/2022-PE, 5362/2022-CR y 6475/2023-CR, que proponen la Ley General de Contrataciones Públicas.

En este sentido, se presentó ante el grupo legislativo el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, y los abogados especialistas Domingo García Belaunde, Jorge Danós y José Tirado Barrera, quienes brindaron aportes y observaciones sobre el predictamen que busca una nueva Ley de Contrataciones del Estado.

A su turno el presidente de la comisión, Cavero Alva, detalló que el espíritu de la norma es reordenar la lógica y la coherencia de la Ley, pero a su vez hacerla más sencilla para los funcionarios.

“Queremos que los funcionarios tengan un respaldo para tomar decisiones, en función de criterios que permitan una ejecución más rápida y oportuna del dinero de todos los peruanos”, refirió.

Agregó que aún existen algunos temas pendientes por debatir, por ello consultó a los especialistas respecto a la contracautela, la sobrecarga procesal y cómo evitar la doble sanción.

Por su parte, la parlamentaria Patricia Juárez Gallegos (FP), fue enfática al mencionar que el objeto de esta ley debe ser que el Estado tenga la posibilidad –de manera sencilla, clara y transparente- de hacer las compras que requiere.

“La verdad es que siempre la Ley de Contrataciones es complicada y siempre el gran problema se da porque los funcionarios públicos cada vez tienen mayor temor de firmar un documento porque saben en realidad lo que se les viene. Considero también que la Contraloría tiene que poner de su parte, a efectos de que no exista una persecución sobre los funcionarios del Estado” acotó Juárez Gallegos.

SUSTENTACIÓN PL

En otro momento el congresista Guido Bellido Ugarte (PB) sustentó el proyecto de ley de su autoría PL 6261/2023-CR, por el que se propone incrementar el Foncomún como mecanismo de fortalecimiento de los gobiernos locales.

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