Durante la sesión conjunta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidido por los legisladores Alejandro Cavero (AP) y César Revilla (FP), respectivamente, se debatió la propuesta del dictamen recaído en los proyectos de ley 5472/2022-PE, 5362/2022-CR y 6475/2023-CR, que plantea la nueva Ley General de Contrataciones.

“Tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos”, se indica en la propuesta.

La iniciativa tiene por objeto establecer un marco normativo “claro y simple para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras”, así como regular la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

SUSTENTO Y DEBATE

El dictamen fue sustentado por el congresista Alejandro Cavero, quien sostuvo que la actual Ley de Contrataciones data desde hace 10 años, lapso en el cual ha tenido modificaciones con tendencia a la desconfianza, pese a buscar poner fin a las irregularidades, pero no ha logrado el objetivo.

“En la actual ley se evidencian problemas como la ausencia de proveedores del Estado, lo que afecta en la variedad, calidad y costo de bienes, servicios y obras, debido a desincentivos que genera la existencia desproporcionada de requisitos para contratar con el Estado”, señaló el parlamentario.

Asimismo, dijo que, de acuerdo con la Contraloría General de la República, el promedio de proveedores que se presentan a procesos de adquisición de bienes es de 3.9%, de servicios con 1.9% y el de obras 1.3%. Aseguró que en 7 años se pasó de un 7.9% de participación de proveedores del Estado a un alarmante 2.2%.

Durante el debate, el parlamentario Carlos Anderson (NA) sugirió que cada despacho de los integrantes de las citadas comisiones envíe sus aportes de cambios al dictamen a fin de que sea una propuesta consensuada.

En tanto, la legisladora Adriana Tudela (AP) sostuvo que actualmente existen más de 2 mil obras paralizadas, que no solo se debe a la poca capacidad de gestión pública, sino a “malos incentivos” que se dan en la Ley de Contrataciones que deben ser corregidos.

Por su parte, Tania Ramírez (FP) dijo que muchas contrataciones están diseñadas para beneficiar a las grandes empresas y no las pequeñas, ya que no se brindan requisitos que solo pueden cumplir algunas empresas. “Se debe permitir igualdad de oportunidades”, dijo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL