Luego de un cuarto intermedio, el Pleno del Congreso aprobó -por unanimidad- el proyecto de ley para prorrogar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), por espacio de 90 días, para las micros y pequeñas empresas (Mypes) con ventas anuales de hasta 1,700 unidades impositivas tributarias (UIT), más conocido como ‘IGV Justo’.

Ello fue a pedido de la presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Mercedes Aráoz Fernández (PPK), quien señaló que no están comprendidas en los alcances de la futura ley “las Mypes que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o efectuar el pago de sus obligaciones del IGV e Impuesto a la Renta al que se encuentren afectas, correspondientes a los 12 periodos anteriores, salvo que regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 días previos al acogimiento. La Sunat deberá otorgar las facilidades con un fraccionamiento especial”.

También están excluidas las Mypes que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 1 UIT; las Mypes que tengan como titular a una persona natural o socios que hubieran sido condenados por delitos tributarios o quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia.

El pronunciamiento parlamentario fue de 107 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se exoneró del trámite de la segunda votación por lo que quedó listo para que sea remitido al Poder Ejecutivo.

El debate se inició esta mañana en el que el congresista Carlos Bruce Montes de Oca (PPK) adelantó que si el Congreso no corrige el texto originalmente aprobado a fines de octubre podría incurrir en una medida inconstitucional porque los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto y se beneficiaría a grandes empresas. Además alertó que el Poder Ejecutivo observaría la norma por lo que su bancada votaría en contra del dictamen.

Parlamentarios de la bancada fujimorista como Héctor Becerril Rodríguez, Cecilia Chacón de Vettori y Rolando Reátegui Flores discreparon con las apreciaciones de Bruce e indicaron que el denominado IGV Justo busca beneficiar a las micro y pequeñas empresas y cooperativas y a la economía nacional.

César Segura Izquierdo (FP) dijo que el dictamen debería de ser aprobado, así el Poder Ejecutivo lo observara e inclusive recurriese al Tribunal Constitucional merced a un eventual recurso de inconstitucionalidad que se presentaría ante ese organismo.

En el debate intervinieron otros legisladores como Víctor García Belaunde (AP), quien dijo que se buscaba un respiro a las pequeñas empresas para que paguen en un plazo de 90 días, si no han cobrado en el tiempo inmediato. Opinó que la norma resultaba reglamentarista, por lo que sugirió que se aprobase una ley de carácter general y que sea el Poder Ejecutivo el que la reglamente, como corresponde.

El debate del dictamen, en consecuencia, dio lugar a una discusión en la que se confrontó las posiciones discrepantes entre el oficialismo y bancadas de oposición. Gílbert Violeta López (PPK) sugirió la conveniencia de ir a un cuarto intermedio para perfeccionar el texto ya aprobado en primera votación. A ese temperamento se sumó, en su oportunidad, la congresista Aráoz, presidenta de la Comisión informante.

PRENSA-CONGRESO (Jarvi)
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