La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este miércoles 6, desde las 16:00 horas, con el fin de dar trámite a diversas denuncias constitucionales declaradas procedentes.

Según el inciso d) artículo 89 del Reglamento del Congreso, se consultará a la Comisión Permanente otorgar, un plazo de 15 días hábiles, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente informe final sobre las denuncias constitucionales procedentes.

Ellas son:
-Denuncia Constitucional 354, contra Víctor Raúl Rodríguez Monteza, en su actuación como fiscal supremo titular y Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en su actuación como fiscal supremo titular; por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública – delito contra la paz pública, en la modalidad de organización criminal, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, concordante con lo dispuesto en la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, en agravio del Estado.

-Denuncia Constitucional 103, contra la exministra de Estado María Antonieta Alva Luperdi, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado; y por la presunta infracción del artículo 39 de la Constitución Política del Perú.

-Denuncia Constitucional 395, contra Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, en su condición de exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por la posible comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal; y la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.

Las denuncias procedentes en un extremo son:
-Denuncia constitucional nro. 3093 contra Jorge Luis Flores Ancachi, en su condición de congresista de la República, por la presunta infracción constitucional de los artículos 1; 2, inciso 15; 22; 23; 24; 26; inciso 2; 38; 39; 45 y 102, inciso 2 de la Constitución, así como por la probable comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, regulados en los artículos 382 y 401 del Código Penal, respectivamente.

-Denuncia constitucional nro. 114 (antes 467) contra la excongresista Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, en su condición de presidenta interina del Congreso de la República, por la presunta infracción constitucional del artículo 45 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión del delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal, respectivamente.

También figuran en la agenda denuncias constitucionales improcedentes y declaradas de caducidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL