El Pleno del Congreso de la República decidió, por mayoría, que el dictamen que propone fortalecer la gratuidad de la defensa pública de las personas víctimas y agraviados, mediante la modificación de los artículos 2 y 8 de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, retorne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para un mejor análisis.

La iniciativa legislativa se sustenta en el Proyecto de Ley 4032/2022. Su retorno a comisión fue decidida en función de una cuestión previa planteada por el congresista Eduardo Castillo Rivas (FP), y obtuvo 68 votos favor, 30 votos en contra y 5 abstenciones.

De acuerdo con la titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Milagros Rivas Chacara (PL), esta propuesta busca “asegurar que los agraviados en procesos penales, puedan disfrutar de patrocinio legal otorgado por el Estado de una manera similar a la que se otorga en favor de los imputados en los proceso penales”.

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