En la mañana de hoy martes, entre las 8 y 9 de la mañana, se realizó una visita de inspección en la instalación y embarque de la Estación Central del Metropolitano y en el Corredor azul del paradero del Centro Cívico.

Dicha jornada permitió verificar la accesibilidad en la Estación Central del Metropolitano. Se constató que si bien existen mecanismos que facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, como rampas y elevadores, la sobredemanda del servicio hace imposible abrirle espacio a una persona con silla de ruedas, y aún si lo hubiera, existe una distancia de 15 a 20 cm que obligarían a cargar a la persona en silla de ruedas.

Esto se debe a que los conductores evitan acercarse a los andenes de acceso, para prevenir y evitar el roce de la carrocería o de las llantas de los buses, lo que impide a los usuarios en silla de ruedas acceder sin ayuda, a riesgo de hundirse en la brecha y quedar atascado o caerse.

De la misma forma, resulta imposible usar el transporte en ‘horas punta’ debido a la falta de sensibilidad de los pasajeros en general, que no brindan facilidades ni el apoyo necesario a las personas con discapacidad.

Respecto al acceso del Corredor azul, se pudo verificar que no posee las características mínimas de accesibilidad, debido a que por el nivel de gradas es imposible que una persona en silla de ruedas pueda acceder al servicio; asimismo, la puerta del bus es muy angosta, no hay espacios libres para la silla de ruedas, ni anclajes.

La actividad de fiscalización estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, congresista Gloria Montenegro Figueroa, quien refirió que desde la Comisión se va a exigir que las unidades de transporte cumplan con la Ley General de las Personas con Discapacidad y que se deba promover la accesibilidad con políticas públicas que deben respetarse a nivel nacional y regional, toda vez que por ley las municipalidades tienen el 0.5% del Foncomun para invertir en accesibilidad.

Estas acciones formarán parte de la fiscalización a las instituciones públicas y privadas del cumplimiento de la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, que no solo alcanza a las municipalidades, sino también al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y al ente fiscalizador de los incumplimientos sobre accesibilidad, es decir, la Superintendencia de Transporte terrestre de personas, carga y mercancías, SUTRAN.

Por lo señalado, el hecho de no contar con un transporte público accesible hará que las personas con discapacidad no estén en condiciones de incluirse y aportar a sus familias, a la sociedad ni al Estado.

El transporte público no es inclusivo, los servicios deben mejorar.

PRENSA-DESPACHO