A 1,915 millones de soles asciende el presupuesto asignado al sector Justicia y Derechos Humanos para el Año Fiscal 2017, anunció  la ministra María Pérez Tello, quien aseguró que no pedirán más, ya que serán sumamente eficientes en el manejo presupuestal.

Pérez Tello expresó esas seguridades al presentarse el viernes 23 en la sesión permanente que realiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por la congresista Cecilia Chacón de Vettori (FP). En esas reuniones se reciben los aportes de los distintos sectores en cuanto al proyecto presupuestal para el próximo año.

La  ministra Indicó que el sector a su cargo está integrado por el propio ministerio, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

En su exposición ante los legisladores, enumeró una serie de proyectos de inversión tales como nuevos establecimientos penitenciarios en Ica, Arequipa y Moqueguay otros que se aspira a concluir  tanto en el Inpe como en la Sunarp a nivel nacional.

Asimismo, mencionó el marco estratégico trazado hacia el año 2021 en materia de seguridad ciudadana, acciones contra la corrupción en todas sus formas y combate abierto para reducir los índices delictivos en el país.

Dentro de los objetivos estratégicos proyectados mencionó la defensa eficaz y eficiente al Estado en los ámbitos nacionales e internacionales, con énfasis en la lucha firme contra la corrupción; garantizar el acceso a una justicia inclusiva, transparente, confiable y moderna; fomentar el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y el Estado; fortalecer la política criminal y el sistema penitenciario para reducir los niveles de delincuencia y crimen organizado.

También, fomentar una cultura ciudadana de respeto a la legalidad y de consolidación del Estado de Derecho.

En la etapa de intervenciones de los congresistas, Víctor García Belaunde (AP) demandó acciones inmediatas para conjurar el estado de abandono que se aprecia en los penales. Refirió que hay 80 mil reclusos cuando los centros penales cuentan con una capacidad para albergar solo a 40 mil.

Gílbert Violeta López (PPK) coincidió con García. Planteó la conveniencia de instalar cárceles productivas y que esos centros penitenciarios sean instalados en zonas alejadas de las ciudades.      

Carlos Domínguez  Herrera (FP) se pronunció a favor de impulsar el plan de bloqueo de los teléfonos celulares que suele emplearse en el interior  para favorecer la comisión de delitos fuera de las cárceles.

TACNA

Previamente,  acudió a la sesión el gobernador de Tacna, Omar Jiménez Flores, para sustentar el proyecto asignado a ese organismo, el cual asciende a 424 millones 850 mil 916 soles. Expresó que el propósito principal de su gestión es impulsar proyectos en los sectores de salud, educación y saneamiento.

Jiménez recibió observaciones a su exposición, principalmente de los legisladores Guillermo Martorell Sobero (FP) y Jorge Castro Bravo (FA), ambos de Tacna. Le dijeron que debería coordinar sus requerimientos y proyecciones de obras con sus representantes en el Congreso. A falta de ello, muchas veces no resultaban las propuestas que se pretendía, según los parlamentarios.

En respuesta a esas críticas, el gobernador planteó la conveniencia de crear un Centro de Planeamiento Nacional, organismo que articularía con otros de nivel regional de manera de lograr eficaces proyectos de desarrollo en el interior del país. Puntualizó que ello no se hacía, por lo que habría pocas posibilidades de éxito en esa materia. (JTR).      

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