Con 15 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Wilson Quispe (PL), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N. 504-2021-CR que propone la creación de veedurías ciudadanas anticorrupción ad honorem, a fin prevenir y evitar cualquier forma de corrupción en los procesos de contratación estatal e inversión pública.

El congresista Edgard Reymundo (CD-JP), autor de la iniciativa legislativa, sostuvo que las veedurías ciudadanas anticorrupción son importantes para el país que, sólo en el último año, “registró 24 mil millones de soles, los cuales se evaporaron por corrupción”.

“Estamos acostumbrados a hacer gárgaras con la palabra corrupción, pero poco o nada se hace para la prevención. Es por eso que buscamos que la población organizada sea partícipe del control. A la corrupción hay que respirarle en la nuca y será el ciudadano el que lo haga, porque ellos ven de cerca cuáles son los problemas”, aseveró.

Según el dictamen aprobado, todo ciudadano, de manera individual, plural u organizada, puede constituir veedurías ciudadanas anticorrupción mediante un acta, la cual debe contener los datos que identifiquen a las personas, el órgano u organismo objeto de veeduría y el nivel de gobierno a fiscalizar.

Se especifica, además, que será la Contraloría General de la República la institución que llevará un registro y coordinación de los veedores ciudadanos.

“Actualmente existen solo directivas, pero con una ley el tema se convierte en vinculante. Ello le da mayor fuerza y potencia a la prevención para así seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción”, agregó el congresista Reymundo.

Las veedurías ciudadanas anticorrupción tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión y la contratación pública y, de ese modo, velar por los intereses de los ciudadanos.

De otro lado, en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría el congresista Carlos Zeballos (PP) sustentó el Proyecto de Ley 5529-2022-CR “que establece la ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios en circunstancias excepcionales como son las catástrofes, desastres naturales y los estados de emergencia declarados por la autoridad competente a nivel nacional”.

EL NIÑO

La Comisión de Fiscalización y Contraloría escuchó a Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), quien expuso sobre las acciones que lleva a cabo a esa institución para enfrentar a El Niño global.

El funcionario informó que en el Perú, a nivel nacional, hay 856 distritos de 139 provincias “en muy alto riesgo” por exposición ante lluvias intensas y peligros asociados a la eventual llegada del fenómeno El Niño. Alertó, en ese sentido, que más de 14 millones de personas podrían ser afectadas.

Por su parte, Marco Tantaleán, especialista del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), expuso el plan de contingencia nacional ante lluvias intensas y detalló que han identificado a 131 distritos de 41 provincias que estarían en riesgo ante un déficit hídrico. Precisó que más de un millón de personas podrían padecer por las sequías en el país.

En la sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización también se presentó el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, quien informó sobró el estado situacional de la licitación de la obra: “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba–DIRESA Amazonas”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL