El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen del Proyecto de Ley 3726 que propone modificar la ley 23274, por la cual el Gobierno señala a los funcionarios que tienen derecho al pasaporte diplomático, a fin de garantizar su correcto uso.

El dictamen modifica el artículo 6 de la referida norma, diferenciando los supuestos de pérdida y suspensión de pasaporte diplomático. En el caso de los supuestos de pérdida de pasaporte no han sido modificados. En el caso de la modificatoria incluye los supuestos para la suspensión de pasaporte diplomático.

La congresista Maricarmen Alva Prieto (AP), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que el dictamen garantiza el buen uso del pasaporte diplomático.

Además, evita que, por vacíos legales existentes, los beneficiarios del pasaporte diplomático (altos funcionarios) pretendan eludir a los procesos judiciales, investigaciones fiscales o estar sometido en un proceso de extradición, mal utilizando este documento que es expedido de forma oficial por el Estado peruano.

“De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitirá pasaporte diplomático a funcionarios y personas que se encuentren en las condiciones antes leídas, entre otras consideraciones”, dijo.

Precisó que el proyecto de ley incorpora los casos en los cuales se suspende el derecho al uso de pasaporte diplomático: cuando por resolución judicial firme se le interpone la medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país o cuando se encuentra sometido a un proceso de extradición, en cualquiera de sus modalidades.

Alva Prieto indicó que la propuesta se da en un contexto como el que estamos viviendo hace muchos años, donde se ha visto a altos funcionarios públicos involucrados en procesos fiscales y judiciales por actos de corrupción, empezando por la figura de la más alta representatividad nacional, el presidente de la República.

Agregó que el dictamen en mención no tiene impacto económico negativo para el Estado, en tanto que no irroga recursos, además, no contraviene con el ordenamiento jurídico vigente.

En la misma línea, el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), autor del proyecto de ley, refirió que su propuesta evita que funcionarios y exfuncionarios públicos que tienen este derecho (pasaporte diplomático) evadan el accionar de la justicia.

“Aquellos personajes que tienen derecho al pasaporte diplomático que estén investigados, que tengan impedimento de salida del país o proceso de extradición no puedan hacer uso y abuso de este beneficio”, expresó.

OFICINA DE COMUNICACIONES