El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que amplía el acceso de los internos de  establecimientos penitenciarios, a los estudios de educación superior, a través de programas especiales en la modalidad a distancia o no presencial, con la finalidad de coadyuvar a su resocialización.

La votación en primera instancia fue de 110 a favor, dos en contra y dos abstenciones. Asimismo, fue exonerada de segunda votación con 111 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

La propuesta señala que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en un plazo de noventa (90) días calendario, diseñan y aprueban las características y requisitos de los programas especiales de educación superior conducentes a grado académico dirigidos a los internos en establecimientos penitenciarios.

Para tal efecto, los programas especiales en la modalidad a distancia o no presencial están exonerados de los requisitos de presencialidad establecidos en el artículo 47 de la Ley 30220, Ley Universitaria, o en el artículo 11 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

Las universidades o los institutos y escuelas de educación superior, licenciados, podrán solicitar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o ante el Ministerio de Educación, según corresponda, la autorización para brindar los referidos programas especiales.

Respecto a los convenios, indica que las universidades o los institutos y escuelas de educación superior pueden suscribir convenios de cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), a fin de implementar los referidos programas especiales en los centros penitenciarios.

El Director del Establecimiento Penitenciario pone en conocimiento de los internos los convenios de cooperación con las instituciones educativas.

Sobre los accesos a los programas especiales, los internos podrán solicitar al Director del Establecimiento Penitenciario acceder a los programas especiales disponibles. La solicitud es remitida por el Director a la Dirección de Tratamiento Penitenciario, la que evaluará su procedencia conforme a los criterios definidos en el reglamento correspondiente. La decisión favorable es comunicada a la institución educativa para que evalúe su admisión.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), de conformidad con la normativa vigente, establece las condiciones de seguridad para la implementación y la ejecución de los programas especiales a los que se refiere la presente ley.

El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa (90) días calendario, reglamenta lo establecido en la presente ley.

El congresista Américo Gonza Castillo (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dijo que la propuesta legislativa beneficiará a una importante población de personas que a la fecha está recluida, permitiendo que durante su reclusión puedan aprovechar el tiempo en estudiar alguna profesión, para que al término de su condena puedan reinsertarse a la sociedad.

La legisladora Gladys Echaíz De Núñez, presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, indicó que la iniciativa  legislativa beneficiará a la población, que a la fecha, está recluida, para que puedan aprovechar el tiempo en estudiar alguna profesión.

La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP), dijo que la propuesta es muy importante y pidió que ayuden a votar a favor.

OFICINA DE COMUNICACIONES