En forma unánime, fue aprobado el dictamen de allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo que propone la ley del restablecimiento de los beneficios tributarios de la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

El objetivo de la propuesta, que recoge las iniciativas de los congresistas Jorge Zeballos Aponte (RP) y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), es facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social.

Asimismo, que contribuyan con la generación de empleo productivo o favorezcan la transferencia de conocimiento y tecnología, teniendo en consideración la crisis económica internacional, situaciones de vulnerabilidad, el endurecimiento de las políticas migratorias y la crisis sanitaria internacional producida por la COVID-19.

Para ese efecto, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera eliminó de la autógrafa observada la primera disposición complementaria transitoria que había referido una fecha con retroactividad, lo cual es inconstitucional.

De acuerdo a la Ley 30001, los beneficios tributarios se refieren a la liberación, por única vez, del pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de menaje de casa hasta por 50 mil dólares americanos, un vehículo automotor hasta por 50 mil dólares; instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital, dispositivos médicos, odontológicos y veterinarios y demás bienes que usen en el desempeño de su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, hasta por un máximo de 350 mil dólares.

De acuerdo a la autógrafa, los beneficiarios solicitarán ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) los incentivos tributarios dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de su ingreso al país cuando hubiesen obtenido la tarjeta del migrante retornado en el exterior.

Si la tarjeta del migrante retornado ha sido obtenida en el país, el plazo se computa desde la fecha de su emisión.

Otro aspecto al que se allanó la comisión fue considerar que el Ministerio de Salud no tiene competencia en materia de dispositivos veterinarios y no corresponde que se dé atribuciones a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

CUARTO INTERMEDIO

Después de un amplio debate, la presidenta de la comisión, Rosangella Barbarán Reyes, accedió al pedido de varios congresistas y dejó en cuarto intermedio el dictamen que recoge más de 14 iniciativas legislativas que proponen la Ley de fomento y desarrollo del transporte verde y cero emisiones a nivel nacional.

El dictamen pertinente fue debatido también en la sesión anterior y como producto de su discusión, la titular de la comisión anunció el retiro de beneficios tributarios a importadores y comercializadores de vehículos eléctricos.

Asimismo, que se mantiene únicamente el beneficio del Impuesto a la Renta a las inversiones en estaciones de carga y mantenimiento de vehículos eléctricos, siempre que sus ingresos fueran, por esta actividad, más del 70 % del total.

“Se incluye la exoneración del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo de los vehículos híbridos y a gas natural hasta diciembre del 2026; y se elimina el tratamiento de estabilidad tributaria para todas las inversiones,” indicó Barbarán Reyes.

Los congresistas José Jerí Oré (SP), Isabel Cortez Aguirre (CD-JPP), Carlos Anderson Ramírez (NA), Germán Tacuri Valdivia (BMCN), José Luna Gálvez (PP) y otros pidieron un cuarto intermedio para mayor estudio en torno a los beneficiarios de las exoneraciones.

El dictamen refiere las propuestas legislativas nros. 2820/2022-CR, 2934/2022-CR, 2979/2022-CR, 2988/2022-CR, 3039/2022-CR, 3203/2022-CR, 3387/2022-CR, 3397/2022-CR, 3448/2022-CR, 4852/2022-CR, 4902/2022-CR y 4903/2022-CR y otras más.

INFORME FINAL

Por su lado, el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique (RP) sustentó el Informe Final, en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo, del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones.

“Este informe tendrá un alto impacto entre los pobres. Es una propuesta destinada a brindar pensión a los trabajadores más pobres, los que no están protegidos por las leyes laborales y que tienen ingresos muy bajos e irregulares o que viven del día a día”, manifestó.

Dijo que la propuesta está dirigida al 73 % de la población económicamente activa, desde los 14 hasta los 75 años de edad, que trabajan en la economía no formal.

Explicó que la propuesta está dividida en cuatro ejes: pensión para el trabajador no formal; fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones; fortalecimiento del Sistema Privado de Pensiones; y fortalecimiento de los regímenes especiales militar, minero y pesquero.

OFICINA DE COMUNICACIONES